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Viejo nicoamoros dijo: 17.10.07
Para los q no conocen las propuestas de Roberto Lavagna, aca se las dejo, las principales propuesta, en los principales temas de preocupacion de la gente:

* Empleo:
Diagnóstico: la falta de empleos dignos y bien remunerados es uno de los principales reclamos de la sociedad argentina. Aún el 40% de los argentinos en la población económicamente activa trabaja en la informalidad -sin cobertura de salud ni aportes jubilatorios- y otro 12% no consigue trabajo.
La sociedad moderna solamente encuentra armonía entre sus integrantes cuando hay justicia social. Esta depende fundamentalmente de la posibilidad de todos los ciudadanos en edad activa de acceder a un empleo digno y, consecuentemente, a la satisfacción de sus necesidades elementales.
El aumento del empleo formal es también una poderosa herramienta de reactivación de nuestra economía, por el estímulo directo al consumo y el indirecto por medio del crédito, al que sólo acceden los trabajadores inscriptos.

Respuesta: el empleo de calidad se promueve con reglas macroeconómicas que dan rentabilidad a las actividades productivas. Básicamente, i) una tasa de cambio competitiva que protege el trabajo de los argentinos sin crear distorsiones porque es una medida de carácter horizontal que beneficia a la producción de bienes y de servicios; ii) bajas tasas de interés que alientan la inversión y la producción vis-a-vis la obtención de rentas financieras; iii) la estabilidad por oposición a la volatilidad que hemos padecido en las últimas décadas y que ha disuadido la creación de puestos de trabajo de calidad por los costos inherentes a la reducción de la nómina laboral, causa incluso de quebrantos empresariales.
Estos tres objetivos requieren de un superávit fiscal consistente y mantenido en el tiempo.
La respuesta del Plan Lavagna a las condiciones macro es regresar el programa económico a su curso original corrigiendo los desvíos producidos en los últimos 20 meses. Esto requiere ajustes en materia de superávit, política cambiaria y en el mix de políticas monetarias, fiscales y de ingresos para combatir la inflación.

La generación de empleo es consecuencia de un marco macroeconómico adecuado pero requiere también políticas específicas para atender fundamentalmente a las Pymes que son las generadoras de más del 80% del empleo total.
También es necesario asegurar la regularidad de la provisión energética que se presenta hoy como un serio obstáculo a la creación de empleo.
El Plan Lavagna prevé:
  1. Deducir del impuesto a las ganancias a pagar todas las inversiones que realicen las Pymes en la medida que mantengan la relación capital/empleo. La eliminación de todo impuesto a las ganancias reinvertidas de las PyMEs que generen empleo es una propuesta del Ministerio de Economía formulada en 2005, que fue aprobada por unanimidad en Diputados y sin embargo permanece cajoneada por decisión del oficialismo en el Senado. Esta decisión, que tiene un costo fiscal accesible, no solamente facilitará la incorporación de maquinaria y tecnología, sino también alentará la formalización de los trabajadores que hoy no están registrados.
  2. Bajar los impuestos al trabajo a los empleos adicionales que generen las Pymes. Esta rebaja se hará convirtiendo los aportes patronales de las Pymes en una suma fija que permita, además, financiar todos los beneficios sociales de las incorporaciones a la nómina de las Pymes. La acción simultánea de la desgravación de inversiones en las Pymes, y la reducción del costo laboral del empleo adicional generará una fuerte demanda de empleo en todo el universo laboral: industrial, agropecuario, minero y de servicios.
  3. Diseñar planes sectoriales para resolver cuellos de botella limitantes a la oferta y para promover las exportaciones. En especial, en el sector agroindustrial que representa el 37% del valor de toda la industria, lanzaremos planes específicos1 que serán consensuados con las entidades representativas de cada sector. Esto con el objeto de aprovechar las favorables circunstancias del mercado internacional. Estimamos que estas medidas tienen el potencial de generar una demanda laboral directa de 400.000 nuevos empleos.
  4. Implementar un ambicioso Plan de Viviendas, para la construcción y reparación de 1.650.000 viviendas en 4 años. Este programa generará cientos de miles de nuevos puestos de trabajo distribuidos por el país.
  5. Estimular la oferta de más y mejor empleo mediante la desgravación de la inversión en capacitación técnica para trabajadores menores de 25 años.
  6. Un plan de becas para los jóvenes que no trabajan ni estudian orientado a las escuelas técnicas. En Argentina se estima que uno de cada dos jóvenes entre 20 y 24 años no han terminado la escuela secundaria (1,600,000 personas). Cumplir con la nueva ley de educación implicará un aumento de la matrícula a nivel de los estudios secundarios y ello brinda una oportunidad para expandir las escuelas técnicas con incentivos tanto del lado de la oferta, esto es utilizando el Fondo Nacional para la Educación Técnica (el 0,2% del presupuesto) como del lado de la demanda con el sistema de becas dirigido a estas escuelas.
  7. Promover asociaciones público-privadas con aportes del estado y del sector privado para orientar escuelas técnicas e institutos terciarios a las necesidades productivas regionales y locales. Hay dos millones de argentinos de entre 20 y 39 años de edad con educación secundaria completa que son potenciales receptores de instrucción terciaria en institutos tecnológicos vinculados a las necesidades de la producción.
  8. Ejecutar las obras demoradas en materia de generación de energía eléctrica: suba de la cota de Yacyretá; construcción de las plantas de ciclo combinado de Timbúes y Campana; finalización de Atucha II y a la expansión de la infraestructura de transporte de gas. El financiamiento de las obras se hará con el redireccionamiento de los fondos fiduciarios, con los recursos producidos por la venta -pública y transparente- de las participaciones del Estado como socio minoritario en emprendimientos que no justifican el rol de accionista (aeropuertos, aerolíneas, Telesur, etc.) y con capital privado.
  9. Implementar un programa de expansión de capacidad instalada (2007-2011) en generación eléctrica que contemple además de las obras mencionadas la construcción de dos nuevas centrales nucleares con una capacidad instalada de 1,600MW; la incorporación de 600 MW de capacidad instalada de fuente energía eólica, 500 MW de fuente bionergía; 200 MW de fuente geotérmica; 1,830 MW de capacidad instalada de fuente hidroeléctrica.
* Seguridad :
Hoy presentamos el plan de seguridad desde Córdoba, “la docta”, porque la inseguridad es un problema multifacético en el cual interviene el contexto social, los valores, la prevención, la ley. Córdoba es la ciudad con mayor proporción de universitarios en el país y, en consecuencia, probablemente el espacio ideal para proponer un plan sobre un tema tan complejo.
Además, en la ciudad de Córdoba y zonas aledañas hay barrios pesados como Colonia Lola (o “Colombia Lola” como la llaman algunos vecinos) Maldonado, Muller, Yapeyú, Villa Libertador, Comercial, La Tela, San Roque que son prácticamente tierra de nadie. Con gente amenazada de muerte por la droga, con personas armadas en la calle para defenderse de la delincuencia y del narcotráfico, con chicos armados en las escuelas. Por ejemplo, en villa Cornú los padres se organizaron para expulsar a los narcotraficantes por la fuerza. El resultado fue treinta detenidos y mucha gente amenazada por una mafia que promete represalias. Qué hace el estado para proteger a esas familias?. La policía federal, que debiera abocarse a la prevención de los delitos complejos como este está ausente en el territorio. Tampoco hay inteligencia criminal para prevenir la constitución de estas mafias. La gente queda entonces librada a su suerte.

Se percibe en las calles del país un incremento del delito en cantidad, niveles de violencia y complejidad.
El gobierno actúa con improvisación y pasividad frente a la ola de homicidios, secuestros, robos violentos, violaciones, etc. que quita el sueño a las familias argentinas. Como a otros problemas (v.g. la inflación o la crisis energética) a este problema también se lo niega o se lo oculta. Es revelador el hecho de que el Presidente haya omitido toda referencia a la seguridad en su larga exposición sobre el estado de la Nación y las políticas del gobierno en el Congreso de la Nación. Pese a que la ley prevé organismos estratégicos como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Consejo de Seguridad Interior para prevenir el delito y coordinar acciones entre el poder judicial, las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios, estos no están operativos.

Respuesta. Un plan integral de seguridad debe superar la antinomia reduccionista entre aquellos que propician la mano dura ignorando el contexto social que opera como caldo de cultivo para el delito y quienes, en el otro extremo ideológico, proclaman un garantismo ingenuo que desprotege a la sociedad.
Nuestro gobierno va a aplicar la ley sin titubear para proteger a los ciudadanos del delito y para castigar a los delincuentes.
El problema de la inseguridad es multifacético y por esta razón debe ser abordado operando sobre los diferentes factores que inciden en el delito: la pobreza, como generadora de marginalidad, la educación, el trabajo, la violencia familiar, el narcotráfico, el consumo de droga y alcohol, la accesibilidad a armas de fuego y por supuesto, la justicia y el rol de las fuerzas de seguridad.
Nuestro plan de seguridad ciudadana se afirma sobre los siguientes principios:
1) promover la inclusión social de millones de argentinos que hoy viven en situación de pobreza o indigencia.
2) reforzar los valores de la familia que hoy están debilitados.
3) aportar a las provincias los recursos necesarios para combatir el delito.
4) promover un mayor reconocimiento social y mejores remuneraciones para el personal de las fuerzas de seguridad.
5) exigir mayor idoneidad y formación profesional a los miembros de las fuerzas de seguridad.
6) Coordinar eficazmente el trabajo de la justicia, las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios.
7) Promover la especialización de la justicia y concentrar recursos en la persecución de los delitos graves.
8) Promover la participación ciudadana y la descentralización.
En función de estos principios rectores, el Plan Lavagna prevé:
  • Priorizar las acciones necesarias para eliminar la pobreza extrema en el lapso de cuatro años. El programa incluye la construcción de 1,650,000 viviendas sociales, el financiamiento de la jornada completa en las escuelas de zonas urbanas pobres, un seguro social universal para los hogares pobres que envían los chicos al colegio, entre otras medidas.
  • Trazar un mapa del delito para identificar modalidades, lugares y horarios donde se deberá concentrar recursos para aumentar la vigilancia del espacio público. Cada peso invertido en prevención del delito evita tener que multiplicar esa inversión en persecución y castigo.
  • Promover una reforma administrativa en todas las jurisdicciones para aumentar la cantidad de personal policial en las calles en tareas de prevención del delito.
  • Disponer la destrucción inmediata de armas incautadas o en desuso 1.
  • Auxiliar a las provincias con financiamiento para la adquisición de patrulleros y elementos de seguridad.
  • Promover la descentralización de la función de seguridad para dar a consejos vecinales, esto es a los vecinos, poder de decisión en la elección y la continuidad de los comisarios.
  • Promover la creación de juzgados y fiscalías especializados para concentrar los recursos, aumentar la probabilidad del castigo y reducir los tiempos procesales para los delitos graves: homicidio, secuestro, robo con armas, violación y abuso sexual.
  • Crear una policía de elite abocada a los delitos federales con presencia real y efectiva en todo el territorio nacional para combatir delitos complejos como el tráfico de drogas, la trata de personas, etc. Esta policía deberá tener presencia efectiva en el territorio, cosa que no ocurre hoy, para efectuar inteligencia criminal y prevenir la comisión de delitos. El nuevo modelo de fuerza de seguridad incluirá mayores remuneraciones, exigencias de mayor profesionalización y equipamiento nuevo.
  • Crear un registro de violadores, un banco de ADN y un régimen de seguimiento y control por parte del Patronato de Liberados. No para estigmatizar a victimarios sino para proteger a la sociedad de un delito que muestra una altísima tasa de reincidencia.
  • Poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad Interior que preside el Ministro de Interior y reúne a la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y las policías provinciales. Este Consejo que tiene, entre otras funciones, la tarea de coordinar acciones de la justicia, los servicios penitenciarios y las fuerzas de seguridad, nunca se reunió durante la actual administración.
  • Crear un Consejo Nacional de Prevención del Delito, integrado por los tres poderes del estado, organizaciones no gubernamentales, universidades y otros actores de la sociedad civil con el objeto de coordinar acciones y políticas de prevención.
  • Estructurar un sistema de inteligencia criminal de alcance nacional para prevenir el delito tal cual está contemplado en la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia pero que, sin embargo, hoy no está operativo.
  • Impedir la cohabitacion de victimas y victimarios en los institutos de menores.
  • Reformular un sistema carcelario desbordado. Hoy alberga una población carcelaria que excede su capacidad en más de 20%. Cuatro de cada diez cárceles tiene más de 50 años es decir ha excedido el tiempo de vida útil de una unidad penitenciaria.

* Educacion: Diagnóstico. Argentina supo ser en el pasado un país con posibilidades de ascenso social para todos los ciudadanos. Esa movilidad social se apoyaba en un sistema de educación pública que por ambición, alcance y calidad fue referencia obligada en América Latina.
Las evaluaciones de resultado, cuando se hacen o se publican -el gobierno de los Kirchner ha discontinuado la participación en tests internacionales, reducido la frecuencia de las evaluaciones de calidad, negado la publicación de los resultados-, muestran una brecha creciente en el desempeño de los estudiantes que pertenecen al veinte por ciento más rico del país y que recibe una educación en calidad comparable con el promedio de un país desarrollado, respecto al resto, en particular de los dos quintiles de menores ingresos. Hoy los argentinos pobres reciben una educación con deficiencias equivalentes o incluso mayores a otros países de la región.
El gobierno ha concentrado su actividad en la discusión y elaboración de leyes –como la publicitada ley nacional de educación sancionada en 2006- que enumeran grandes principios y aspiraciones pero no se ha ocupado de lo más importante: la gestión. Los problemas de la educación pública –así como los de otras áreas de la administración- no se resuelven cambiando leyes sino ocupándose de hacer cumplir las leyes perfectibles que ya existen pero no se cumplen como la ley 25.864 que establece un mínimo de 180 días de clase en todo el país.
Respuesta. Nuestro plan de educación se afirma sobre los siguientes principios:
1) Asumir como objetivo rector de la política educativa mejorar la calidad y la equidad de la educación pública en todos los niveles. Para ello hay que evaluar resultados de manera permanente.
2) Promover la participación de los padres en la escuela porque está demostrado en la Argentina y en la experiencia internacional que las escuelas en las cuales las cooperadoras y los padres tienen un rol activo obtienen mejores resultados.
3) Fortalecer el énfasis en la adquisición de competencias básicas (v.g. matemáticas, lectoescritura, informática) en el nivel inicial.
4) Dar un fuerte impulso a la educación técnica en el nivel medio y terciario porque es esencial para cubrir el déficit en la formación de nuestros chicos respecto de las aptitudes técnicas que les exige el mercado laboral.
5) Promover la capacitación permanente de los docentes invirtiendo fuerte en los institutos de formación que son más de 1.000 en todo el país. Allí también hay que evaluar resultados de modo sistemático.
6) Capacitar a las autoridades provinciales y, en definitiva, a las autoridades de las escuelas del país en planificación estratégica para mejorar la gestión y obtener mejores resultados.
7) Tender a reducir la brecha salarial entre los salarios promedios de los docentes en la escuela pública y privada.
8) Fortalecer la Universidad Pública, garantizando su gratuidad, pluralidad y autonomía respecto al poder político.
9) Asisitir a las provincias desde el Ministerio de Educación de la Nación con recursos y capacitación para disminuir la desigualdad que existe entre las provincias ricas y las provincias pobres.
En función de estos principios rectores, el Plan Lavagna prevé:
  • Un programa nacional para financiar la jornada completa en todas las escuelas pobres de zonas urbanas del país (alrededor de 5,800 escuelas) y para abrir las escuelas en las zonas de mayor marginalidad los fines de semana . En Argentina el 94% de los alumnos de la escuela primaria asiste a escuelas de jornada simple de 4hs o menos, mientras que en países como Perú, Costa Rica, Bolivia o Guatemala la jornada escolar es de seis horas. El programa prevé una fuerte inversión en infraestructura -la construcción de 2.400 escuelas- que resulta necesaria para poder ampliar la jornada escolar. La ampliación de la carga horaria se destinará principalmente a fortalecer las capacidades básicas en matemáticas, lectoescritura e informática.
  • Asegurar un mínimo de 180 días de clase en todo el territorio nacional de conformidad con lo dispuesto en la ley 25.864. Está en vigencia la ley, nos vamos a ocupar de que se cumpla.
  • Una asignación universal por hijo a todos los hogares pobres del país condicionada a la presentación del certificado de asistencia escolar. Los programas sociales en vigencia como el Plan Jefes y Jefas de Hogar –a excepción del “Familias”- no tienen esta condicionalidad. El programa que proponemos implica una transferencia de ingresos a los hogares pobres pero con un incentivo importante para aumentar los niveles de escolarización en los hogares pobres. La abrumadora mayoría de los jóvenes pobres1 no terminó el secundario e incluso una gran proporción de estos jóvenes nunca pisó un colegio secundario. Este programa ayudará a cumplir con la nueva ley nacional de educación que establece la obligatoriedad del estudio secundario completo.
  • Hacer, en el inicio del año escolar 2008, una prueba de nivel en todas las escuelas del país. El último operativo nacional se hizo en 2005 pero los resultados no fueron publicados. Los resultados de las evaluaciones serán públicos y servirán no para estigmatizar sino para mejorar el rendimiento de aquellas escuelas con resultados no satisfactorios. La evaluación anual y la publicación integral de los resultados a nivel desagregado, por escuela, es un instrumento indispensable para las autoridades de los colegios y para control de los propios padres.
  • Un examen general para certificar aptitudes básicas al terminar los estudios secundarios similar a los que tienen países vecinos (v.g. Chile y Brasil). Completado un período de transición de tres años y la estandarización del examen su aprobación será un requisito obligatorio para obtener el título secundario.
  • Un programa nacional para auxiliar a las provincias en el mejoramiento de la calidad de los institutos de formación docente y en la certificación de los mismos (hoy son más de 1.000 en todo el país).
  • Un programa nacional para que las provincias puedan mejorar el incentivo salarial destinado a maestros de escuelas pobres o ubicadas en áreas urbanas marginales. El objetivo del programa, sujeto a evaluaciones periódicas y seguimiento de resultados, es llevar los mejores maestros a las escuelas que más lo necesitan.
  • Promover la autonomía de gestión, el rol de las cooperadoras y la descentralización. La experiencia internacional muestra que las escuelas de mejor desempeño se caracterizan por un liderazgo fuerte desde la dirección, docentes motivados y comprometidos con el proceso de aprendizaje y responsabilidad de la comunidad educativa por los resultados.
  • Un plan de becas para los jóvenes que no trabajan ni estudian orientado a las escuelas técnicas y de oficios. En Argentina se estima que uno de cada dos jóvenes de entre 20 y 24 años no ha terminado la escuela secundaria -1.600.000 personas-. Cumplir con la nueva ley de educación implicará un aumento de la matrícula con una infraestructura que ya está al límite. Este problema es a la vez una oportunidad para expandir la matrícula en las escuelas técnicas para lo cual se construirán nuevas escuelas utilizando el Fondo Nacional para la Educación Técnica (el 0,2% del presupuesto nacional) y se usarán incentivos a la demanda orientando las becas a estas escuelas.
  • Un programa nacional integral para promover las aptitudes técnicas que coordine acciones simultáneas en distintos niveles: mayor carga horaria para la enseñanza de matemáticas en el nivel inicial; mayor énfasis a las matemáticas en los institutos de formación de docentes; construcción de escuelas técnicas; becas a jóvenes pobres dirigidas a la escuela técnica y un programa de becas universitarias con mayor concentración en las carreras técnicas y las ciencias duras.
  • Promover asociaciones público-privadas con aportes del estado y del sector privado para orientar escuelas técnicas e institutos terciarios a las necesidades productivas regionales y locales. Hay dos millones de argentinos de entre 20 y 39 años de edad con educación secundaria completa que son potenciales receptores de instrucción terciaria en institutos tecnológicos vinculados a las necesidades de la producción.
  • Un programa nacional para promover un aumento gradual en la proporción de profesores con dedicación exclusiva que enseñan en las Universidades Nacionales. Hoy representan apenas el 10% del cuerpo de profesores mientras que países vecinos como Chile o Brasil tienen una proporción de profesores con dedicación exclusiva del orden de 40%.
  • Promover un programa de préstamos de honor en las Universidades Nacionales.
* Salud:
Diagnóstico. En nuestro país coexisten zonas con perfiles sanitarios parecidos a los países mas desarrollados con otras cuya población presenta características epidemiológicas propias de situaciones de marcado atraso y pobreza (vg. alta prevalencia de desnutrición y enfermedades infecciosas, patologías endémicas como la enfermedad de Chagas, altas tasas de mortalidad materno-infantil, analfabetismo y embarazo adolescente, etc).
El sistema es altamente inequitativo ya que el riesgo de enfermar o morir y las posibilidades de acceso dependen del lugar donde se viva o trabaje y del sector social al cual se pertenezca. Se trata de un sistema fragmentado geográfica y financieramente diseñado para la realidad de un país que hace 40 años tenía al 70% de la población con trabajo formal y cobertura social. En los últimos treinta años la caída del empleo formal y la ineficiencia administrativa de obras sociales nacionales y provinciales condujeron a la crisis del sistema y a la crisis de los propios agentes de salud que acumularon monumentales deudas con sus prestadores y con el fisco.
La crisis produjo un significativo aumento de la demanda en él sector público. Tanto los hospitales públicos como los centros de atención ambulatoria, con crónicos problemas de financiamiento y gerenciamiento, presentan un grado significativo deterioro. El altísimo nivel de gasto directo de bolsillo -considerado el más inequitativo, ya que afecta en mayor medida a los que menos tienen- se relaciona directamente con esta realidad.
Respuesta. La salud es un derecho social cuyo goce resulta imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía y, en consecuencia, es una de las responsabilidades fundamentales del Estado. En otras palabras, el acceso a servicios de salud adecuados no puede quedar librado a la dispar capacidad individual de las personas para procurarlos por sus propios medios.
Esta concepción de derechos sobre el tema salud requiere de la intervención eficaz del Estado para garantizar:
i) acceso universal a los servicios de salud;
ii) igual utilización de recursos públicos para necesidades iguales;
iii) acceso a la salud en calidad y condiciones semejantes para todos.
El Plan Lavagna prevé:
  • Un Plan nacional de fortalecimiento y recuperación del sector público de la salud, con auxilio del estado nacional a las jurisdicciones provinciales y financiamiento compartido.
  • Planificar redes de atención basados en el modelo de atención primaria con fuerte énfasis en acciones de promoción y prevención, y con población definida a cargo. De esta manera, el primer nivel de atención con unidades de complejidad diferencial sale del hospital de referencia.
  • Construir o remodelar, en el lapso de cuatro años, 10/15 hospitales de excelencia en el gran Buenos Aires y el interior del país de gestión descentralizada siguiendo el modelo SAMIC (caso Garrahan) integrados a una red de centros de atención primaria. Tendrán autonomía administrativa, cargos concursados y financiamiento compartido entre nación y provincias.
  • Implementar por intermedio de la Superintendencia de Salud y el sistema de obras sociales nacionales (incluido el PAMI) un programa de asistentes terapéuticos a domicilio, especialmente para la tercera edad y que permita mejorar la calidad de la atención especialmente de pacientes con enfermedades crónicas.
  • Reformular el sistema de obras sociales nacionales y de la Superintendencia de Servicios de Salud con el objetivo de transformarla en un eficaz organismo de control. El objetivo final es lograr que más fondos lleguen a los beneficiarios a través de mejoras en la transparencia y la eficiencia, lo que permitirá implementar más y mejores programas.
  • Promover escenarios de vinculación entre las Obras Sociales provinciales, las Obras Sociales Nacionales y el sector privado con vistas a su integración al sistema del seguro de salud. Con esa finalidad, promoveremos la organización a nivel de las provincias de un seguro para la población sin cobertura.
  • Cambiar el modelo de atención, reglamentando programas de prevención primaria y secundaria, de acuerdo a la medicina basada en evidencias y de aplicación obligatoria para todos los agentes del sistema (especialmente en el PAMI) enfocados en las patologías prevalentes especialmente enfermedades cardiovasculares y cáncer.
  • Elaborar una nueva Ley Nacional de Medicamentos, basada en el concepto de la protección al consumidor, aplicando criterios uniformes en todo el país, en materia de aprobación, importación, fabricación, distribución, prescripción y dispensación de fármacos. Esta ley requerirá que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (A.N.M.A.T.) recupere su rol y su capacidad física, técnica, normativa y de recursos humanos para fiscalizar y controlar en forma directa o a través de acciones coordinadas con las provincias todos los productos que hacen a la salud humana.
  • Promoveremos una Ley para regular las Entidades de Medicina Prepaga.
  • Diseñar una política de Recursos Humanos en el sector Salud que incentive la formación de profesionales, enfermería y técnicos en línea con los objetivos planteados anteriormente: fortalecimiento del sector público y de redes de atención primaria, programas de prevención de las patologías prevalentes, programas de atención domiciliaria para pacientes geriátricos y discapacitados, etc.

Editado por nicoamoros: 17.10.07 a las 15:36 Razón: DoblePost Unido

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Viejo nicoamoros dijo: 17.10.07
Originalmente publicado por nicoamoros Ver mensaje
Para los q no conocen las propuestas de Roberto Lavagna, aca se las dejo, las principales propuesta, en los principales temas de preocupacion de la gente:
* Ambiente:

Diagnóstico. Los mayores problemas ambientales de la Argentina actual tienen el mismo diagnóstico. La falta de capacidad en la gestión, así como la superposición de competencias y jurisdicciones en el manejo de recursos compartidos son los principales obstáculos para una correcta gestión ambiental. Por ello es elemental la armonización jurídica a nivel nacional para establecer estándares mínimos de protección, así como mejorar la capacidad de gestión y el compromiso político. No tenemos problemas ambientales irresolubles. Hay signos alentadores que llegan desde distintos lugares del país en el sentido de una conciencia ambiental creciente en el pueblo argentino. Sin embargo, las autoridades nacionales no han tomado el tema con seriedad. Como demuestra el desarrollo del conflicto por las pasteras en el río Uruguay, el tema ambiental ocupa a los funcionarios políticos sólo una vez que estalla una crisis y llega a la tapa de los diarios. Peor aún, se elige a una funcionaria a la cabeza de la Secretaría de Ambiente no por sus méritos sino porque es instrumental para el manejo electoralista de un problema generado con irresponsabilidad.
El crecimiento económico debe ir acompañado de políticas que aseguren un uso sustentable de los recursos naturales y el ambiente para poder satisfacer las necesidades de los argentinos tanto como de las futuras generaciones de argentinos.
Uno de los mayores problemas hoy es la falta de ordenamiento territorial, la cual, por ejemplo, permite el avance de la frontera agropecuaria a costa del bosque nativo. En los últimos 17 años se han perdido más de cinco millones de hectáreas de bosque nativo y se han incrementado significativamente las áreas erosionadas. Este hecho, sumado al fenómeno del cambio climático que genera una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, tales como inundaciones, tornados, etc. pone de manifiesto la necesidad de contar con un ordenamiento territorial racional y con visión de futuro.
En un estado federal como el nuestro, la Constitución delega en la Nación y en las Provincias potestades concurrentes para asegurar el establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental que deben ser armónicos en todo el territorio nacional. No se puede admitir que haya ciudadanos con servicios del primer mundo mientras otros se envenenan con agua contaminada por material orgánico o metales pesados.
Otro de los problemas puntuales más graves se refiere a la gestión de residuos urbanos, industriales y agrícolas, así como los provenientes de la minería, los cuales comienzan contaminando suelos y atmósfera y luego se conjugan en los ríos y aguas subterráneas afectando a la salud pública. La falta de un tratamiento integral de residuos genera también costos relacionados con la pérdida de valor de las tierras aledañas y de potencial pesquero, turístico y de esparcimiento. Asimismo, genera serios problemas de salud especialmente sobre las poblaciones más carenciadas, quienes son las principales afectadas por la contaminación porque conviven en distintas partes de nuestro país con aguas servidas y basurales a cielo abierto.
Respuesta. La variable ambiental es en realidad un desafío y no un problema. Por eso, el logro de un proceso de crecimiento respetuoso del entorno y con equidad no debiera ser presentado a la sociedad como un problema o una traba al crecimiento sino como una fuente de oportunidades y un desafío para la gestión pública. La clave está en explorar caminos posibles para hacer frente a los desafíos ambientales de este siglo, enfatizando la posibilidad de una gestión inteligente, integral y racional que transforme tales desafíos en multiplicadores del bienestar y la calidad de vida de la población.
Nuestro plan de AMBIENTE se afirma sobre los siguientes principios:
  • El uso sustentable de los recursos naturales a fin de mantener un stock de recursos renovables adecuado para evitar la depredación y satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
  • La existencia de presupuestos mínimos de protección ambiental efectivos, armónicos a lo largo de todo el territorio nacional, en particular en relación a la calidad de aguas, residuos industriales y domiciliarios y la protección del bosque nativo, e implementar medidas concretas para su cumplimiento y fiscalización.
  • El acceso a la información pública ambiental, así como la participación pública y la transparencia en este ámbito.
  • Análisis de impacto ambiental para todas las grandes obras de infraestructura y también para las políticas públicas, como subsidios y retenciones, con incidencia en actividades productivas con impactos ambientales significativos.
  • Implementación de buenas prácticas siguiendo estándares internacionales tales como los Códigos de Conducta de la FAO en materia de pesca, actividades forestales y uso de agroquímicos.
  • Una matriz energética con un mayor peso de las fuentes renovables de energía y una disminución de la dependencia sobre los combustibles fósiles.
En función de estos principios rectores, el Plan Lavagna prevé:
  • Reglamentar las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, sobre aguas (Ley 25.588), residuos industriales (ley 25.612), residuos domiciliarios (Ley 25.916) e información ambiental (Ley 25.831), que han sido aprobadas por el Congreso y no pueden ejecutarse por falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
  • Impulsar en el Senado la ley de presupuestos mínimos para la protección del bosque nativo (que cuenta con media sanción) y la aprobación de una ley de presupuestos mínimos para el uso de agroquímicos peligrosos, a fin de asegurar un umbral seguro de salud y calidad de vida de las poblaciones en todo el país.
  • Establecer un liderazgo eficaz y una gestión transparente y proactiva en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, la cual reflejará los estándares más altos a nivel mundial en buenas prácticas para el manejo de aguas compartidas. Se concursarán todos los cargos de mayor responsabilidad.
  • Contar con sistemas de alerta temprana y evacuación adecuados, así como promover tecnologías de “adaptación” tomando en cuenta los pronósticos científicos relativos al cambio climático en políticas de ordenamiento territorial y vivienda. Por ejemplo, es necesario que el Servicio Meteorológico Nacional cuente con una red de radares y acceso a observaciones de satélites meteorológicos para prevenir los impactos de posibles fenómenos climáticos extremos y proteger a la población en riesgo.
  • Mitigar el incremento en emisiones de gases de efecto invernadero a través de la promoción de energías alternativas, diversificando la matriz energética con energía eólica, biomasa, y otras más modernas como la fotovoltáica y geotérmica. Asimismo, ello se debe complementar con pautas para mejorar la eficiencia en el consumo.
  • Reducir la dependencia sobre los combustibles fósiles y prohibir la importación de combustibles fósiles con contenido de azufre mayor a 50 partes por millón para prevenir la lluvia ácida.
  • Fomentar las buenas prácticas agrícolas para conservar la riqueza del suelo y la calidad de las aguas, disminuyendo así el uso de productos químicos, promoviendo la certificación de madera, pesca y alimentos que permitan a empresas argentinas acceder a mercados premium internacionales, como el europeo, que buscan productos de calidad y pagan más por ello.
  • Promover el desarrollo de corredores biológicos y reservas privadas con fines de conservación de la diversidad biológica en cada una de las eco-regiones hasta lograr un mínimo de 10% de conservación del área de cada eco-región. Promover una ley de ordenamiento territorial que establezca como requisito mínimo de protección el mantenimiento de la cobertura original, de bosques, pastizales, etc. a lo largo del perímetro de los terrenos con actividades productivas y a los costados de rutas y ferrocarriles.
  • Fomentar las reservas naturales urbanas a nivel municipal, para mejorar la calidad de vida de la población y promover la educación ambiental en todos los niveles, así como fortalecer los valores comunitarios de respeto por el medio ambiente y la calidad de vida.
  • Fortalecer las carreras en investigación y desarrollo de tecnologías limpias orientadas a la industria agropecuaria y energética por ejemplo apoyando el trabajo de organismos nacionales como el INTA, el INIDEP, el INIA y el CONICET, otros provinciales como el ISCAMEN, y de institutos y empresas privadas en el campo energético (energías fotovoltaicas, bio-combustibles, energía eólica y solar), en el campo agropecuario (tecnologías limpias para la agroindustria incluyendo la producción de papel y desarrollo de cultivos y productos orgánicos de exportación).
  • Dejar sin efecto las medidas tomadas por la actual administración que se encuentran bajo investigación judicial por malversación de dineros públicos. Asegurar una actuación transparente de la Secretaría de Ambiente, y una relación transversal con otros Ministerios como el de Planificación, y de Economía con reuniones regulares para analizar las medidas con efectos significativos sobre el ambiente previo a su aprobación.
  • Asegurar la presentación de estudios de impacto ambiental en grandes proyectos de infraestructura como los de minería, incluyendo efectos transnacionales en los proyectos binacionales, y el establecimiento de líneas de base para medir la calidad de aguas previo al comienzo de las actividades. Incorporar mecanismos de participación pública y fiscalización técnica e independiente de los efectos sobre el ambiente, y por ejemplo, requerir a las empresas mineras, especialmente aquellas que realicen minería a cielo abierto, la certificación bajo normas internacionales de calidad, seguridad y medio ambiente y la constitución de un fondo fiduciario o seguro ambiental para cubrir los costos de remediación ambiental durante las actividades y posteriores al cierre de la mina.
  • Rediseñar el sistema de control pesquero para asegurar un uso sustentable de los recursos y la fiscalización adecuada de las cuotas de pesca. Instalar un sistema de licencias y cuotas transparente, de acceso público, que permita conocer las cuotas otorgadas, porcentajes utilizados, así como los días de pesca y ubicación geo-referenciada de los buques pesqueros, lo cual permitirá al resto de la industria auditar y apoyar las medidas de control de la autoridad pesquera. De esta manera se evitará la corrupción en los organismos de control y se podrá asegurar que la distribución de cuotas pesqueras beneficien a las empresas de capital nacional y con mayor mano de obra. Preservar la independencia técnica y científica del INIDEP evitando los manejos de la información científica por parte de las autoridades políticas de turno.
  • Acordar un marco regulatorio ordenador para el desarrollo de la industria del papel en el ámbito del MERCOSUR garantizando adecuados estándares de protección ambiental, el uso equitativo de los recursos compartidos, una distribución equitativa de costos y beneficios y el desarrollo armónico de la región.
* Economia:
100 primeros días
  • Corregir los desvíos de los últimos dos años y llevar el programa económico de regreso a su curso original.
  • Dar una lucha integral contra la inflación con la introducción de incentivos a la inversión, promoviendo el empleo y fortaleciendo el superávit fiscal. Un superávit alto es esencial para:
    • mantener alto el valor del dólar;
    • bajar las tasas interés,
    • reducir la deuda publica.
  • Está demostrado que los controles de precios no sirven como sistema para frenar la inflación, sino que por el contrario, agudizan el problema. El freno a la inflación, en un contexto de alto nivel de actividad económica, es esencial para que vuelva a mejorar la distribución del ingreso y por ende para garantizar que el consumo continúe siendo la “locomotora” de la economía.
  • Poner en marcha, previa concertación con los sectores productivos, un plan de expansión agrícolo-ganadero que nos lleve a producir 120 millones de toneladas de granos y 70 millones de cabezas de ganado. Los detalles del programa ganadero fueron presentados el viernes 3 de agosto en la rural.
  • Poner en marcha, previa concertación con los sectores productivos, un plan de incentivo a la incorporación tecnológica y la agregación de valor en la industria y los servicios.
  • Suprimir los fondos fiduciarios que paralizan la obra pública y fomentan la corrupción. Ese esquema será reemplazado por inversiones privadas y asociaciones público-privadas (PPPs) con capital privado y tarifa social.
  • Para asegurar la energía necesaria vamos a darle prioridad absoluta a la ejecución de las obras demoradas en materia de generación de energía eléctrica: suba de la cota de Yacyretá; construcción de las plantas de ciclo combinado de Timbúes y Campana; finalización de Atucha II y a la expansión de la infraestructura de transporte de gas. El financiamiento de las obras se hará con el redireccionamiento de los fondos fiduciarios, con los recursos producidos por la venta -pública y transparente- de las participaciones del Estado como socio minoritario en emprendimientos que no justifican el rol de accionista [aeropuertos, aerolíneas, Telesur, etc] y con capital privado.
  • Finalizar los estudios e iniciar la implementación de un programa que contemple en 2007-2011 la construcción de dos nuevas centrales nucleares con una capacidad instalada de 1,600 MW; la incorporación de 600 MW de capacidad instalada de fuente energía eólica; 500 MW de fuente bionergía; 200 MW de fuente geotérmica; 1,830 MW de capacidad instalada de fuente hidroeléctrica.
  • Impulsar un impuesto que grave las ganancias de capital generadas en las transacciones financieras de corto plazo y las resultantes del ingreso de capitales especulativos que no creen empleo o permitan incrementar la producción
  • Reducir a la mitad el IVA para los alimentos básicos.
  • Implementar un programa de seguro social universal que beneficie a todos los hogares pobres y que sea condicionado a la presentación del certificado escolar y de salud de los chicos en esos hogares. Este programa reemplazará al Programa de Jefes y Jefas y otros programas de transferencia de ingreso diseñados para la emergencia.
  • Impulsar una tarifa social para servicios públicos esenciales. La aprobación de este proyecto permitirá eliminar el esquema de subsidios cruzados al sector privado en sectores como la energía y el transporte. Estos subsidios no son transparentes, no benefician a los sectores postergados y no contemplan compromisos de inversión o mejoras en la calidad del servicio.
  • Separar los recursos de ANSESS y PAMI de las cuentas de ingresos y egresos del presupuesto general para garantizar que esos recursos sean usados exclusivamente para las jubilaciones y los servicios sociales a jubilados, excluyendo otros usos posibles.
  • Crear cuentas de capitalización individuales e intangibles para los aportantes al régimen jubilatorio que han decidido pasarse al sistema de jubilación estatal.
* Energia:

Diagnóstico.Argentina padece una crisis energética severa que es el resultado de la falta de inversiones agudizada en los últimos cuatros años. Además de inversiones –fundamentalmente privadas- se requiere planificación para que la matriz energética sea más diversificada y resistente a shocks.
Un gobierno que asumió ya con una economía en recuperación no hizo nada en el área energética en cuatro años de gestión pese a saber que el crecimiento demanda energía y que las inversiones, sea en exploración, producción, transporte o generación insumen tiempo. Por eso la inacción en esta materia es inexplicable. Esta falencia en la gestión obligará al próximo gobierno a correr a la demanda energética desde atrás.
Como resultado de las malas políticas del Estado la producción, capacidad instalada y reservas de petróleo, gas y energía eléctrica se mantiene estancada o en descenso desde 2002 operando al límite de la capacidad en un contexto de demanda creciente y reservas en declive.
Donde las fallas se hacen más notorias es en el mercado eléctrico y en el abastecimiento de gas. La inoperancia del gobierno nacional se traduce en cortes de abastecimiento que se han multiplicado fundamentalmente en el interior del país. Las industrias han debido detener la producción y suspender personal por la interrupción del suministro en el invierno y nuevas restricciones van a surgir cuando llegue el calor en el verano.
La potencia instalada teórica en el sistema eléctrico se mantiene virtualmente inalterada desde 2001 en 24,000 MW mientras que la demanda ha crecido más de 20% hasta agotar la reserva del sistema. Ninguna central eléctrica nueva se ha incorporado en la gestión del actual gobierno. Con una visión meramente electoralista el gobierno decidió mantener un esquema de subsidios mal diseñado –por ejemplo el gas en garrafa que consumen los pobres cuesta cinco veces más caro que el gas de red- hasta el día después de las elecciones.
Respuesta. El Plan Lavagna generará las condiciones para que el sector privado, nacional y extranjero, invierta tanto en la exploración y producción de hidrocarburos, como en la generación y transporte de electricidad. En ese sentido, las nuevas inversiones para la producción de gas tienen que recibir mismo trato (un precio de indiferencia) en boca de pozo que el que se le reconoce al gas que viene de Bolivia.
El plan prevé financiar las obras con el redireccionamiento de los fondos fiduciarios, con los recursos producidos por la venta pública y transparente de las participaciones del Estado como socio minoritario en emprendimientos que no justifican el rol de accionista y con capital privado.
Un eje central en el diseño estratégico del plan es la diversificación de la matriz energética y sentar de ese modo las bases de una estrategia energética racional y consistente a diez años vista. Este plan busca asegurar la cobertura total de la demanda eléctrica en los próximos diez años y para ello prevé que la potencia instalada crecerá un 25% en el período 2007-2011, llegando a 30.000 MW. El plan permitirá diversificar gradualmente la matriz y al cabo de cuatro años mostrar el siguiente perfil:

El Plan Lavagna prevé las siguientes inversiones en generación y transporte (2007-2011):
  • Prioridad absoluta a la ejecución de las obras demoradas como la suba de la cota de Yacyretá; la construcción de las plantas de ciclo combinado de Timbúes y Campana y la finalización de Atucha II.
  • Construir dos nuevas centrales nucleares con una capacidad instalada de 1600 MW y un costo estimado en 3.000 millones de dólares.
  • Instalar 1300 MW de capacidad de fuente renovable a un costo estimado en 950 millones de dólares : 600 MW de potencia eólica; 500 MW de potencia en bioenergía entre biomasa, biogas y biocombustibles; 200 MW de potencia geotérmica. Iniciar el desarrollo tecnológico de la energía mareomotriz.
  • Instalar 1,830 MW de potencia hidráulica a un costo estimado de 2,300 millones de dólares.
  • Instalar 2,120 MW de potencia en centrales de ciclo combinado a un costo de 1400 millones de dólares.
  • Priorizar la expansión de la infraestructura de transporte de gas : los problemas del transporte eléctrico son menos acuciantes en términos relativos que los que existen en materia de generación. Se deberá destinar 400 millones de dólares al año para mantener y expandir la infraestructura de transporte de un modo consistente con la mayor producción y las nuevas fuentes de energía explotadas.

El Plan Lavagna contempla el uso racional de la energía –con énfasis en los consumos del sector público- para descomprimir la emergencia energética hasta que maduren las inversiones en generación y transporte. Dicho plan prevé:
  • Privilegiar el ahorro energético de los consumos del estado nacional y los estados provinciales para obtener un ahorro anual objetivo de energía de 4%. Este ahorro equivale a 1.554 millones de metros cúbicos de gas que se estima es el consumo anual de la nueva central térmica de ciclo combinado que se está construyendo en Campana.
  • Optimizar la iluminación en la vía pública porque el 30% del flujo luminoso se pierde hoy por fallas de diseño. Además, la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio redundará en un ahorro en el consumo estimado en 45%.
  • Certificar a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) las lámparas de bajo consumo. Algunas lámparas consumen 5 veces menos que las incandescentes de potencia equivalente pero otras no son eléctricamente seguras y pueden ser causa de incendios. Reemplazar en las reparticiones de la administración pública 500.000 lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo produciría un ahorro de 79.000 MW-h por año.
Viejo capsita dijo: 17.10.07
yo quizas lo vote...
es uno de los pocos en los cuales pondria mi voto..
fuera cristina!!! no voy a poner lo que pienso de esa por respeto a los forr@s que la vayan a votar...
pero no se merece estar en la presidencia de nuestro pais...
Viejo Simon Gallup dijo: 17.10.07
Está a mas de 8 puntos por debajo de Lilita si lo votan gana Krishtina.. fácil.
Viejo Fumoffu dijo: 17.10.07
ni en pedo le voto al viejo ese cabeza de pija
Viejo nicoamoros dijo: 17.10.07
Originalmente publicado por Simon Gallup Ver mensaje
Está a mas de 8 puntos por debajo de Lilita si lo votan gana Krishtina.. fácil.
No crean mucho lo q dicen las encuestas, sino mira lo q nos paso a los cordobeses, esas encuestas son pagas, y dan ganador a quienes las pagan. es asi de facil
Viejo BERRO dijo: 17.10.07
Originalmente publicado por Simon Gallup Ver mensaje
Está a mas de 8 puntos por debajo de Lilita si lo votan gana Krishtina.. fácil.
Se, un bajón, igual las encuestas suelen equivocarse, eso pasó con Filmus (las encuestas decían que no lo votaba ni su mamá) y Telerman, que se quedó afuera del ballotage.
Viejo Simon Gallup dijo: 17.10.07
4 años fue parte de este gobierno... muy allegado a Duhalde... no no no lo voto
y te hablo de encuestas genuinas no de las de krishtina.
Viejo nicoamoros dijo: 17.10.07
Originalmente publicado por Fumoffu Ver mensaje
ni en pedo le voto al viejo ese cabeza de pija
Cuantos años tenes, se ve q tenes muy pocos, por q realmente lo demostras con lo q pusiste, realmente por gente como vos, es como estamos hoy en dia y en años anteriores, q son personas maleducadas, q le importa un huevo como le vaya al pais, y a su gente, y sos la tipica persona q ni se debe fijar cuales son las propuestas, ni debes saber ni a quien votar.

nada mas

Originalmente publicado por Simon Gallup Ver mensaje
4 años fue parte de este gobierno... muy allegado a Duhalde... no no no lo voto
y te hablo de encuestas genuinas no de las de krishtina.
si fue parte del gobierno actual, durante 3 años, pero en plena crisis, gracias a el saco la economia del pais adelante y el querido nestor, como buen politico lo dejo afuera, lo hecho y decidio dejar el plan q habian empezado con el, de lado.

Editado por nicoamoros: 17.10.07 a las 16:02 Razón: DoblePost Unido
Viejo Simon Gallup dijo: 17.10.07
èl serìa el hèroe y nestor el villano?
nico vos sos un buen tipo q te gusta hacer las cosas bien, eso se nota pero me parece q sos un poco iluso...

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