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Viejo rdrinero dijo: 04.12.07
H.Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY


Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente: 1719-D-2007

Trámite Parlamentario: 36 (24/04/2007)

Sumario: DEROGACION DE LA LEY 23512 DE TRASLADO DE LA CAPITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES A LA ACTUALES CIUDADES DE CARMEN DE PATAGONES (PROVINCIA DE BUENOS AIRES), VIEDMA Y GUARDIA MITRE (PROVINCIA DE RIO NEGRO).

Firmantes: SOLANAS, RAUL PATRICIO.

Giro a Comisiones: ASUNTOS CONSTITUCIONALES.


El Senado y Cámara de Diputados,...


DEROGACIÓN DE LA LEY NACIONAL Nº 23.512. TRASLADO DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.

Artículo 1º: Deróguese la Ley Nacional Nº 23.512 sobre el Traslado de la Capital de la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la actuales Ciudades de Carmen de Patagones (Provincia de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (Provincia de Río Negro).

Artículo 2º: Confórmese una Comisión Honoraria a los efectos de analizar la viabilidad del traslado de la actual Capital de la República Argentina.

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo procederá dentro de los sesenta (90) días de promulgada la presente a designar los miembros que compondrán la Comisión aludida en el artículo anterior.

Artículo 4º: El objetivo primordial de la Comisión Honoraria será designar el lugar geográfico de reubicación de la Capital Federal; para lo cual podrá efectuar una amplia consulta con la finalidad de recibir sugerencias; estudios sociales, económicos, demográficos, culturales, históricos, etc., de terceras personas que tengan como objetivo la reubicación mencionada.

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.




FUNDAMENTOS


Señor presidente:

El presente proyecto de ley que se somete a consideración del Honorable Congreso de la Nación, tiene por finalidad la derogación de la Ley Nacional Nº 23.512, sobre el traslado de la Capital de la República Argentina, sancionada durante el Gobierno del Ex Presidente, Dr. Raúl Ricardo ALFONSÍN.

Tal como establece nuestra Constitución Nacional en su Artículo 3º, el Congreso de la Nación tiene la facultad de fijar, mediante el dictado de una ley especial, la capital de la República, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse. Es así, que el 27 de mayo de 1.987, luego de un prolongado tratamiento por Senadores y Diputados, y previos dictámenes en mayoría y en minoría de la comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Defensa Nacional y de Recursos Naturales y Ambiente Humano, quedó sancionada como Ley Nº 23.512 el traslado de la Capital de la República Argentina. La misma expresa en el Artículo 1º "Declárese capital de la República, una vez cumplido lo dispuesto por el artículo 5º, a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia de Río Negro) con el territorio comprendido en las cesiones dispuestas por las leyes 10.454 de fecha 17 de octubre de 1.986 de la provincia de Buenos Aires y 2.086 de fecha 10 de julio de 1.986 de la provincia de Río Negro, que en conjunto constituyen el área de la nueva Capital de la República".

Las cesiones de territorio bonaerense y rionegrino fueron aprobadas por las respectivas legislaturas. Se formó una comisión especial para el traslado del Nuevo Distrito Federal (NDF), y hubo antes y después importantes movilizaciones, asignación de fondos y hasta grandes especulaciones inmobiliarias en Viedma y Carmen de Patagones.

No obstante, el rechazo generalizado y el debate que se suscitó, hizo que la misma nunca fuera efectivizada. Además, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se estableció en el Artículo 129º un nuevo status para la Ciudad de Buenos Aires, siendo en virtud de ello, un territorio autónomo. El mismo sostiene que "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones". De lo que se desprendería que debido a lo indicado en el mandato constitucional, la ciudad de todos los argentinos no podría volver a la Provincia de Buenos Aires, pues no podrían superponerse en su régimen de gobierno dos poderes legislativos y jurisdiccionales.

Por otro lado, ante los grandes cambios en estos últimos veinte años es necesario un estudio pormenorizado para la reubicación de un nuevo territorio en donde se emplazará la Capital Federal, ya que como surge de los estudios realizados en el Proyecto antes mencionado y derogado por la presente es imprescindible que la misma no continúe funcionando en el actual territorio.-

Para llevar a cabo lo antes mencionado, es que proponemos la creación de una Comision Honoraria, que estará conformada por los miembros que el Poder Ejecutivo designe, y cuya finalidad será actualizar todos los datos mencionados en el articulado a los efectos de que se reubique la nueva Capital Federal, en el lugar donde la citada Comision aconseje luego de hacerse de los estudios y análisis que fueran necesarios para lograr un amplio consenso respecto al territorio donde se asentará la nueva Capital Federal.-

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de Ley.

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expe...xp=1719-D-2007





LEY 23.512

Ley de traslado de la Capital de la República


Sanción: 27 de mayo de 1987
Promulgación: 8 de junio de 1987
Publicación: B. O. 12/6/1987


Art. 1º -Declárase capital de la República, una vez cumplido lo dispuesto por el art. 5º, a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia de Río Negro) con el territorio comprendido en las cesiones dispuestas por las leyes 10.454 de fecha 17 de octubre de 1986 de la provincia de Buenos Aires y numero 2.086 de fecha 10 de julio de 1986 de la provincia de Río Negro, que en conjunto constituyen el área de la nueva Capital Federal. El territorio cedido por la provincia de Buenos Aires es el que se delimita a continuación: Al N.E. y hacia el S.E. la línea que separa las parcelas 367aa, 367u, 367v, 367w, 367gg, 367y, y 367z, correspondientes a la circunscripción VI, de la calle que la deslinda de la circunscripción V; ambas del partido de Patagones; desde su intersección con el eje de la zona del Ferrocarril General Rocca (vértice norte) hasta su intersección con la parcela 370f de la circunscripción VI. Desde este punto y hacia el S.O., por la línea que separa esta parcela de la calle que deslinda las mencionadas circunscripciones hasta su intersección con la prolongación del deslinde entre las parcelas 226ª, de la circunscripción V y la parcela 370f de la circunscripción VI. Desde este punto y con rumbo S.E., la línea que marca el deslinde entre las parcelas 226a, 226b, 226c, 227, 228, 235c, 235d, correspondientes a la circunscripción V y las parcelas 370f, 370c, 370d, 370e, de la circunscripción VI, hasta el Océano Atlántico. Desde este punto, por el S.O., la costa marítima hasta su intersección con el limite interprovincial de Buenos Aires y Río Negro, en la desembocadura del río homónimo. Desde este punto y hacia el N.O., el limite entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro hasta su intersección con la prolongación de la línea divisoria entre las parcelas 61b y 42 de la circunscripción II. Desde este punto y con rumbo N.E. por el deslinde de las parcelas 61b, 41b, 41a, 32a, 29a, 22a, con las parcelas 42, 32b, 24a, hasta su intersección con el paralelo terrestre 40º 35´ 3´´. Desde este punto hacia el E., el mencionado paralelo hasta su intersección con el límite N.E. El territorio cedido por la provincia de Río Negro es el que se delimita a continuación: Costado Norte: Se lo describe en tres tramos: Primer tramo a partir del centro de río Negro, en la prolongación del costado norte de la fracción E. De la sección sexta, se seguirá en dirección Este por el Norte de los lotes pastoriles números dos, tres, cuatro, y cinco, hasta interceptar la línea trazada por el ingeniero Don. Juan Pirovano en el año 1881 como límite entre la provincia de Buenos Aires y las tierras nacionales, conocida como Meridiano Quinto Oeste de Greenwich. Son sus linderos al norte, los lotes veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de la fracción C de la misma sección. Segundo tramo: La del citado meridiano que conforma el costado Este de los lotes cinco, seis y quince de la mencionada fracción y sección, prolongándose hasta el cause del Río Negro, lindando con las tierras de la provincia de Buenos Aire. Tercer tramo: Desde el punto arriba indicado se continuara hacia el sudeste de la línea sinuosa del cause del río Negro en la parte que delimita con la provincia de Buenos Aires, hasta su desembocadura en el mar Argentino en el Océano Atlántico. Costado Sudeste y Sur: La línea marítima desde la desembocadura del río Negro hasta enfrentar la línea central divisoria del lote quince fracción F de la sección primera a uno(I a 1) lindando con el golfo San Matías en el Océano Atlántico. Costado Oeste: También de describe en tres tramos. Primer tramo: A partir del ultimo punto mencionado se seguirá por la línea divisoria de los lotes quince, seis y cinco de la fracción F de la sección I a 1, ya citadas, hasta interceptar el costado sur del lote veinticinco de la fracción E de su misma sección; donde se cuadrará hacia el Oeste para luego tomar la línea quebrada que forma el costado suroeste de las propiedades de Modesto Iturburúa y de Julia Andreu y Herrero, hasta alcanzar el costado oeste del mencionado lote pastoril veinticinco; en donde se tomará rumbo al norte hasta un punto ubicado a cien (100) metros del eje del canal principal de riego del Valle Inferior. Son sus linderos, la mitad oeste de los lotes citados, quince, seis y cinco, ángulo sudoeste del lote veinticinco, parte del veinticuatro y diecisiete de su misma fracción. Segundo tramo: A partir del punto norte de la descripción anterior se trazará una línea sinuosa paralela al eje del proyectado canal de riego, a una distancia de cien (100) metros del mismo, en la zona de secano, hasta interceptar el centro del río Negro. Son sus linderos: Parte de los lotes pastoriles veinticuatro, diecisiete de la fracción E de la sección I a 1, parte de los lotes dos y uno de la sección segunda y lo lotes diecisiete a cuatro de la sección tercera, ambas de la margen sur del río Negro. Tercer tramo: La línea que forma el centro del cause del río Negro entre el punto de intersección citado anteriormente y el punto de partida de este deslinde, limitando con el sector sur del río Negro.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para proceder de común acuerdo con los Gobiernos de las provincias de Río Negro y Buenos Aires al deslinde y demarcación del territorio que se federaliza.

Art. 2º - Habiéndose dispuesto la cesión de los territorios enunciados en el art. 1º mediante la ley 10.454 de fecha 17 de octubre de 1986 de la provincia de Buenos Aires y la ley 2.086 de fecha 10 de julio de 1986 de la provincia de Río Negro, considérese cumplido lo dispuesto en el art. 3º de la Constitución Nacional.

Art. 3º - Hasta que se halla cumplido lo dispuesto en el art. 5º, coexistirán en el territorio al que se refiere el art. 1º, la jurisdicción federal para todo lo concerniente al traslado de la Capital, y las jurisdicciones locales para todo lo que no se refiera a ello. En consecuencia, con la salvedad señalada y sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. 4º y 7º, continuaran rigiendo en dicho territorio los ordenamientos legales y administrativos locales, manteniendo ambas provincias y las municipalidades de Viedma, Guardia Mitre y Carmen de Patagones sus facultades jurisdiccionales y el dominio de sus bienes, en cuanto no se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional concernientes al traslado e instalación de la Capital, comprendiéndose en ello la realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de planes urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo demás concerniente a cumplir los objetivos de esta ley.

Art. 4º - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los Gobiernos de las provincias de Río Negro y Buenos Aires y las municipalidades de Viedma, Guardia Mitre y Carmen de Patagones la transferencia:

a) De los bienes de dominio público;

b) De los bienes de dominio privado;

c) Del uso de los bienes de dominio público y privado de los Estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades nacionales;

d) De los registros y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a los vienes situados en el territorio; y

e) De las deudas y créditos de las citadas municipalidades y de los Gobiernos provinciales concernientes al territorio que se federaliza.

Art. 5º - El Poder Ejecutivo nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, declarará habilitados los locales e instalaciones suficientes; aptos para el desempeño de las autoridades que en virtud de la Constitución Nacional ejercen el Gobierno Federal. A partir de ese momento, el territorio del art. 1º será la Capital de la República y las autoridades se constituirán en su nueva sede. Con aquella declaración se operará la plena federalización del área delimitada en el art. 1º a todos los efectos institucionales, legales y administrativos, cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales provinciales y municipales. Sin embargo, si aún no se ha organizado la nueva justicia nacional ordinaria, subsistirán hasta que ello ocurra la competencia de los tribunales provinciales existentes.

Art. 6º - La ciudad de Buenos Aires continuará siendo Capital de la República hasta cumplirse lo dispuesto en el art. 5º. A partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires, con sus límites actuales, constituirá una nueva provincia, debiéndose convocar para su organización una Convención Constituyente.

El Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Gobierno Municipal, continuarán ejerciendo sus actuales poderes constitucionales y de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta la instalación de las nuevas autoridades provinciales.

Art. 7º - Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación, inmediata o diferida, u ocupación temporánea, aquellos bienes de propiedad privada situados en el territorio del art. 1º, que resulten necesarios para en establecimiento de la nueva Capital Federal como asimismo todos aquellos cuya razonable utilización sobre la base de planes, planos y proyectos específicos convenga material o financieramente al mismo efecto de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motiva esta declaración, o que hagan al desarrollo integral o asentamiento de población en el área.

Art. 8º - Los gastos que irrogue el establecimiento de la nueva Capital Federal serán solventados con recursos provenientes de Rentas Generales en la partida correspondiente al presupuesto nacional y con recursos provenientes de la ejecución de la presente ley.

En ningún caso el gasto que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital Federal podrán afectar los fondos y recursos que corresponde percibir a las provincias por cualquier concepto, tales como los derivados de la coparticipación impositiva federal, fondos especiales determinados a programas de desarrollo provinciales, Fondo Nacional de la Vivienda u otros similares creados o a crearse con los mismos fines.

Art. 9º - Los agentes de la Administración pública nacional que revistan en organismos cuyo traslado se disponga como consecuencia de la sanción de la presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado serán reubicados en otros organismos en la forma y plazos que determine la reglamentación.

Art. 10º - El Poder Ejecutivo nacional presentará al Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un plan nacional, que vinculado con los fines tenidos en cuenta para el traslado de la Capital y sin perjuicio de otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a la integración territorial, el equilibrio demográfico, la reforma y descentralización administrativa, así como al desarrollo patagónico y de las otra regiones del país y al aprovechamiento del litoral marítimo y la explotación de los recursos naturales. Asimismo informará anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento de dicho plan.

Art. 11º - Dentro de los treinta (30) días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo nacional, nombrará una Comisión Honoraria que deberá efectuar una amplia consulta para recibir sugerencias con el fin de adoptar un nombre para la nueva Capital de la República. El Poder Ejecutivo fijará el plazo en que deba serle elevada la propuesta a los fines indicados.

Art. 12º - Cumplidos los requisitos previstos en el art. 5º quedan derogados las leyes 1029, 1585 y 2089.

Art. 13º - Comuníquese, etc.


NOTA: Ley 23512: Proyecto del Poder Ejecutivo nacional, considerado por el Senado en las sesiones del 18, 19, 20 y 24 de marzo de 1987 y aprobado con modificaciones en la sesión del 25 de marzo de 1987(D. ses. Senado 1987 del 18 al 25 de marzo, ps. 4804 a 5200), la Cámara de Diputados lo consideró en las sesiones del 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 de mayo de 1987, aprobándolo definitivamente en la sesión del 27 de mayo de 1987(D. ses. Dip. 1987 del 6 al 27 de mayo, ps. 159 a 1170)

http://trasladodelacapital.blogspot.com/2007/10/ley-2351287.html

Editado por rdrinero: 04.12.07 a las 15:33 Razón: DoblePost Unido

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Viejo Agustin_NOB dijo: 07.12.07
Estoy de acuerdo con el traslado de la Capital Federal. Y no solo eso, sino que además creo conveniente la descentralización del poder político, o sea, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, deberían estar los tres en diferentes ciudades. Buenos Aires va a seguir siendo ciudad autónoma y con sus privilegios pero no pasa por la ciudad en sí misma, sino por la gente, los políticos, que están arraigados a este sistema. Creo que la concentración favorece los negociados, y desfavorece la independencia de los poderes. O sea, no va a terminar la corrupción pero al menos va a ser más dificil si están más lejos, si acabamos con ciertas costumbres, además podríamos hacer la descentralización de tal forma de lograr un equilibrio de poder en la Nación y no se gastaría tanto dinero como leí por ahí de construir tantos edificios, con que cada ciudad ceda uno al efecto bastaría. Sería interesante. Obvio que esto nunca se va a dar por la resistencia de los políticos que no les conviene, porque para ellos no va a ser lo mismo gobernar en una ciudad donde están cerca de todo, y va a ser más difícil generar "arreglos", por comodidad más que nada. Por ejemplo si los legisladores van a Salta imaginate que hacen después que salen de las sesiones, o les queda lejos de sus casas. Me parece que así se dedicarían más a trabajar y estudiar y no a pasear o hacer amigos que si están en Bs As.

Un saludo!
Viejo rdrinero dijo: 16.12.07
En El año 1972 durante la presidencia de facto del General Lanusse se promulgó el decreto-ley 19.610, que establece la necesidad de realizar estudios para determinar la relocalización de la Capital Federal. Este decreto fue un antecente de la ley sancionada en 1987.

LEY 19.610

Capital de la República - Traslado - Realización de Estudios

Sanción y promulgación: 3 de mayo de 1972
Publicación: B. O. 11/5/72

Considerando: Que con miras a realizar una armónica integración nacional y superar una de las causas que conspira contra el mejor desenvolvimiento espiritual, económico y cultural de la Nación, se debe determinar la factibilidad del traslado de la capital de la República al interior.

Que no resulta necesario recurrir a las razones que antaño fundamentaron las distintas propuestas de traslado de la Capital de la República, pues en el sentir del país -que es el de su pueblo todo- existe conciencia de la necesidad de superar ese marcado desequilibrio y coadyuvar al crecimiento integral de la Nación, al fin de lograr el deseado desarrollo armónico de sus distintas regiones geográficas.

Que no puede ni debe ocultarse que la hoy Capital Federal constituye desde hace siglos, la parte principal en el complejo comercial del país y que el proceso de desconcentración recibirá, sin duda, un impulso significativo si la autoridad nacional se proyecta en y hacia el resto del país.

Que la materialización del traslado independizará al Gobierno Nacional, de las gravitantes influencias insertas en el marco de la gran ciudad.

Que la creación de una nueva sede política para el poder central hará concluir, asimismo, una estéril disputa que ha encontrado en la cuestión capital un motivo de explicación a la continua y cada vez mayor postergación del interior.

Que este cambio rectamente entendido, servirá para romper un círculo vicioso que inmoviliza las grandes energías nacionales y, por encima de toda otra consideración, la nueva capital, constituirá la suma y síntesis de las parcialidades que componen la sociedad argentina, marcando el ocaso definitivo de la desunción y del empobrecimiento de la mayoría de un todo inescindible y comunicará nueva vitalidad al ser nacional.

Que, desde esta perspectiva, su concreción se constituye, en si misma, en una estimulante empresa de fe, unión y porvenir.

Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 5º del Estatuto de la Revolución Argentina, el Presidente de la Nación, en Acuerdo General de ministros, sanciona y promulga con fuerza de ley:

Art. 1º_ Declárase la necesidad de determinar la conveniencia, oportunidad y factibilidad de trasladar la capital de la República a otro lugar del territorio nacional.

Art. 2º_ El Poder Ejecutivo nombrará una comisión nacional para estudiar la cuestión en todos sus aspectos, la que deberá producir dictamen antes del 31 de diciembre próximo.

Art. 3º_ La presente ley será refrendada por los señores ministros en Acuerdo General.

Art. 4º_ Comuníquese, etc.




http://trasladodelacapital.blogspot....ley-19610.html




DECRETO 1156

Ente para la Construcción de la Nueva Capital

(ENTECAP) - Creación - Estatuto orgánico.
Fecha: 21 de julio 1987
Publicación: B. O. 21/9/87



Art. 1º- Créase en jurisdicción de la Presidencia de la Nación al Ente para la Construcción de la Nueva Capital, empresa del Estado, en adelante ENTECAP, que desarrollará sus actividades con sujeción a las disposiciones de la ley 13.653 – t. o. por dec. 4053/55 y modificada por la ley 15.023, su reglamentación y con ajuste a las previsiones del estatuto orgánico que se aprueba por el presente decreto.

Art. 2º- Apruébase el estatuto orgánico, cuyo texto constituye el anexo I de este acto.

Art. 3º- Asígnase a ENTECAP la cantidad de australes treinta y seis millones (A 36.000.000), en concepto de de integración parcial del capital autorizado para el funcionamiento de dicha empresa.

Art. 4º- Modifícase el presupuesto general de la Administración nacional para 1987 (prórroga del correspondiente a 1986, en función de lo dispuesto por el art. 13 de la ley de contabilidad) de acuerdo con el detalle obrante en las planillas incorporadas como anexo II del presente decreto.

Art. 5º- Derógase el dec. 528/86 del 15 de abril de 1986 y su modificatorio 1166/86 del 8 de julio del mismo año.

Los funcionarios y adscriptos que desempeñan actualmente en la Comisión Técnica Asesora – Dec. 528/86, pasaran a revisar, con igual carácter, en el ENTECAP, al que se transferirán, asimismo, los bienes patrimoniales, antecedentes y documentación que correspondan al igual que los créditos presupuestarios asignados a aquella.

El personal contratado también quedará incorporado con los derechos y obligaciones que emerjan del convenio vigente, a la nueva empresa.

Art. 6º- El presidente del ENTECAP integrará la Comisión Nacional para el Proyecto Patagonia y Capital creada por el decreto 527 del 15 de abril de 1986.

Art. 7º- Las provincias de Buenos Aires y Río Negro y las municipalidades de Patagones, Viedma y Guardia Mitre, serán invitadas a designar un representante con los fines de constituir un Comité de Coordinación Interjurisdiccional, que será presidido por el presidente de ENTECAP, cuyas funciones serán las de compatibilizar la actividad jurisdiccional que continuarán desarrollando las autoridades locales del área hasta su federalización, con el objeto de instalar la nueva Capital de la República en dicho territorio, facilitando y coordinando la celebración de los convenios que fuere necesarios o conveniente suscribir en el marco de la ley 23.512, para la gradual transferencia de los bienes, servicios y funciones a las autoridades nacionales y para atender a los intereses de los habitantes de dicha área.

Art. 8º- Los ministerios, las secretarias de la Presidencia de la Nación, las entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, prestarán toda la colaboración que les sea requerida por ENTECAP para el cumplimiento de su objetivo, a cuyo fin cada uno de ellos designará un funcionario con jerarquía no inferior a subsecretario o miembro de directorio o Consejo de Administración, a través del cual se efectuará la coordinación respectiva para proporcionar dicha colaboración.

Art. 9º- Exceptúase a ENTECAP de las disposiciones de los decs. 1437/82, 447/84 y sus modificatorios 930/85, 983/85, 2256/85, 2326/85 y cualquier otro de similar naturaleza. Tampoco regirá a su respecto la prohibición establecida en el art. 29 de la ley 22.770 y lo dispuesto en el art. 1ª de la ley 19.241, modificado por el art. 59 de la ley 23.410. Asimismo, no le será de aplicación ninguna norma que con carácter general se establezca para la Administración pública nacional, si expresamente no se refiere a ENTECAP:

Art. 10º- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación.

Art. 11º- Comuníquese, etc. – Alfonsín. – Trpóccoli. – Storani. – Sourrouille. – Brodersohn. – Mora.




ANEXO I

ESTATUTO ORGANICO
ENTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA CAPITAL,
EMPRESA DEL ESTADO –ENTECAP-


CAPITULO I – Denominación, objeto, domicilio, capacidad y duración


Art. 1º- El Ente para la Construcción de la Nueva Capital, empresa del Estado, en adelante ENTECAP, tendrá por objeto el ordenamiento territorial y urbanístico y la construcción de la Nueva Capital de la República, en el área designada al efecto por la ley 23.512, donde estará su domicilio legal, pudiendo establecer una delegación en la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 2º- ENTECAP actuará con la plena autarquía en su desenvolvimiento funcional, técnico y administrativo, sin otras limitaciones que las establecidas en las disposiciones legales vigentes y en este estatuto. Tendrá la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado y le serán aplicables las normas de derecho público en sus relaciones con la Administración.

Art. 3º- Una vez instaladas las autoridades nacionales en el Nuevo Distrito Federal y constituidas las autoridades locales emanadas del régimen comunal que se establezca para el mismo, el Poder Ejecutivo transferirá gradualmente a los organismos públicos competentes, según el caso, las funciones acordadas a ENTECAP, así como también los respectivos bienes y recursos asignados a ésta. Al disponerse su liquidación definitiva, el Poder Ejecutivo determinará el destino de sus bienes remanentes.


CAPITULO II – Organización, dirección y administración


Art. 4º- Serán órganos del ENTECAP, el Consejo de Administración, la Presidencia, la Gerencia General y la Secretaría.

Art. 5º- El Consejo de Administración estará integrado por un presidente, un vicepresidente y siete vocales, uno de los cuales será el presidente de la Comisión Nacional para el Proyecto Patagonia y Capital -Dec. 527/86- y los siete restantes serán designados y remplazados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos a propuesta del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; siendo incompatible el desempeño de alguno de estos cargos con el de actividades vinculadas con la industria de la construcción o prestación de servicios públicos, sin perjuicio de las incompatibilidades que rigen para la Administración pública nacional.

Art. 6º- Los integrantes del Consejo de Administración constituirán un cuerpo interdisciplinario y deberán poseer, en sus dos terceras partes, titulo profesional o antecedentes vinculados con el objeto mencionado en el art. 1º de este estatuto.

Art. 7º- El Consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria dos veces por mes como mínimo, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias a que pueda convocar el presidente por sí o a pedido de otros miembros. El quórum se formará con la presencia de, por lo menos, cinco de sus integrantes y sus decisiones se adoptarán por simple mayoría, teniendo el presidente doble voto en caso de empate.

Art. 8º- Los vocales del Consejo de Administración informarán a éste sobre los asuntos relativos a sectores de ENTECAP que requieran su decisión, según la distribución de tareas que se hiciere. Todos los miembros del Consejo de Administración serán personal y solidariamente responsables por los actos emanados del mismo, salvo expresa constancia en actas de su voto en dicidencia.

Art. 9º- De las reuniones que realice el Consejo de Administración se labrará un acta que deberá ser suscripta por todos los miembros asistentes.

Art. 10º- Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración:

a) Elaborar el plan general urbanístico de área a federalizar y someterlo a aprobación del Poder ejecutivo;

b) Planificar las acciones que se requieran para la construcción de la nueva Capital de la República y para el traslado de los organismos y reparticiones públicas nacionales;

c) Aprobar y disponer la ejecución de los programas y proyectos previstos o resultantes del plan general urbanístico, relativos a los espacios circulatorios, verdes, de reserva y de esparcimiento, de edificios públicos, viviendas y demás construcciones necesarias para el asentamiento de los nuevos pobladores y el desenvolvimiento de actividades productivas y sociales;

d) Realizar convenios con organismos y reparticiones públicas nacionales, provinciales u municipales y con entidades privadas o particulares, a fines del cumplimiento del objeto de ENTECAP;

e) Promover la participación del sector privado en la elaboración de los proyectos a través de concursos públicos, así como también para la ejecución de las obras y trabajos que deban efectuarse en el área;

f) Administrar de sus bienes y fondos propios, adquirir, permutar, gravar, dar y tomar en locación o comodato bienes muebles o inmuebles, como asimismo constituir derecho de anticresis sobre bienes de su propiedad o de los que sea poseedor o usufructuario; constituir o participar en sociedades y en genera, ejercer derechos y contraer toda clase de obligaciones;

g) Otorgar concesiones y permisos de uso respecto a bienes del dominio público nacional situados en el área;

h) Proponer al Poder Ejecutivo la expropiación inmediata o diferida o la ocupación temporánea de bienes comprendidos en la declaración de utilidad pública de la ley 23.512 y disponer la promoción de las respectivas acciones judiciales y extrajudiciales;

i) Proyectar las normas generales urbanísticas, constructivas y de preservación ambiental que regirán en el área, y someterlas a la aprobación del Poder Ejecutivo;

j) Aplicar las normas que se aprueben conforme, al inciso precedente;

k) Aceptar legados y donaciones con o sin cargo;

l) Aprobar la estructura orgánico-funcional del ENTECAP y los reglamentos internos de administración contable y patrimonial, de tasaciones, de personal y de actuación en general y someter a la aprobación de Poder Ejecutivo nacional el régimen de contrataciones;

ll) Nombrar, contratar, trasladar y remover al personal;

m) Designar, a propuesta del presidente al gerente general y al secretario;

n) Promover y concertar con instituciones de crédito da la Nación, Provincias, municipios o privadas, toda clase de operaciones financieras;

ñ) Gestionar y concretar préstamos ante instituciones financieras extranjeras o internacionales, con intervención de organismos públicos nacionales que correspondan de acuerdo a las normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación en la materia y del Ministerio de Economía, el que podrá extenderle las garantías o avales que se requieran;

o) Nombrar apoderados generales o especiales y revocar los poderes conferidos. Promover y contestar toda clase de acciones judiciales y administrativas, prorrogar jurisdicciones, transar y aceptar advenimientos;

p) Aprobar el plan de acción, presupuesto anual, plan financiero, memoria y balance general y cuentas de ganancias y pérdidas, sometiéndolos a la aprobación del Poder Ejecutivo;

q) Delegar en el presidente, en uno o varios de los miembros del Consejo de Administración o en el gerente general, las facultades que estime conveniente a los fines del más adecuado desenvolvimiento de las actividades de ENTECAP.

Art. 11º- Son deberes y atribuciones de la presidencia:

a) Ejercer la representación legal de ENTECAP, la que podrá delegar para casos especiales en miembros del Consejo de Administración;

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración y preparar el orden del día a tratarse en las mismas;

c) Ejercer las facultades disciplinarias sobre el personal y proponer al Consejo de Administración su remoción o rescisión de contratos de locación de servicios;

d) Someter a la aprobación del Consejo de Administración los programas, proyectos, normas y demás documentos previstos en los incs. c), i), l) y p) del art. 10 del estatuto;

e) Proponer al Consejo de Administración la designación del gerente general y del secretario;

f) Contratar en términos del art. 17 de este estatuto y con ajuste al régimen de contrataciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional;

g) Delegar en el gerente general o en el secretario las funciones ejecutivas y/o administrativas que estimare conveniente;

h) Ejercer las funciones que le hubiese delegado el Consejo de Administración y aquellas reservadas a éste cuando razones de urgencia o necesidad perentoria hagan impracticable la citación del mismo, debiendo darle cuenta de lo actuado en la primera reunión que celebre.

Art. 12º- El vicepresidente reemplazará temporalmente al presidente con todas sus atribuciones, en caso de ausencia o impedimento o licencia de éste. Anualmente el Consejo de Administración establecerá el orden de prelación en que los vocales actuarán en substitución del vicepresidente.

Art. 13º- La administración ejecutiva del ENTECAP estará a cargo de un gerente general que dependerá jerárquicamente de la presidencia y ante la cual será responsable de todos los actos que realice en ejercicio de sus funciones.

Art. 14º- Corresponde a la gerencia general, realizar todos los actos de gestión técnica y operativa necesarios al cumplimiento del objeto del ENTECAP, y, en particular:

a) Disponer la ejecución de las obras y trabajos aprobados;

b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas que tengan a su cargo la elaboración de los proyectos, construcciones de obras, realización de trabajos y prestación de los servicios contratados por ENTECAP;

c) Coordinar funcionalmente las actividades de las unidades orgánicas que le estén subordinadas;

d) Realizar los estudios necesarios para la preparación de los programas, proyectos y normas a que se refieran los incs. c) e i) del art. 10 de este estatuto y elevarlos a la coordinación de la presidencia;

e) Elaborar los documentos mencionados en los incs. i) y p) del art. 10 de este estatuto y elevarlos a la consideración de la presidencia;

f) Ejercer la supervición general de la marcha de ENTECAP y del cumplimiento de sus objetivos;

g) Contratar en los términos del art. 17 de este estatuto y con ajuste al régimen de contrataciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional;

h) Proponer a la presidencia la adopción de medidas contempladas en el inc. c) del art. 11 del estatuto, respecto al personal de su dependencia;

i) Participar en las reuniones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto;

j) Ejercer las funciones que le hubiesen delegado el Consejo de Administración o la presidencia;

Art. 15º- La atención de los asuntos administrativos del Consejo de Administración y la presidencia estará a cargo de un secretario que dependerá jerárquicamente de la presidencia y ante la cual será responsable de todos los actos que realice en ejercicio de sus funciones.

Art. 16º- Corresponde a la secretaria:

a) Coordinar el trámite de actuación de los asuntos que deben ser sometidos a la consideración del Consejo de Administración de la presidencia;

b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones dictadas por el Consejo de Administración y la presidencia.

c) Reunir toda la documentación que resulte necesaria para la consideración de los asuntos a tratarse por parte del Consejo de Administración y de la presidencia y vigilar la celeridad de los trámites respectivos;

d) Preparar las actas correspondientes a las reuniones que celebre el Consejo de Administración;

e) Llevar un índice de las resoluciones y disposiciones emanadas del Consejo de Administración y de la presidencia;

f) Suscribir las comunicaciones e informes necesarios para el desenvolvimiento administrativo, con excepción de aquellos que correspondan a la firma del presidente por razones de jerarquía o del gerente general por razones operativas;

g) Proponer a la presidencia la adopción de las medidas contempladas en el inc. c) del art. 11 de este estatuto, con respecto al personal de su dependencia;

h) Ejercer las funciones que le fueran delegadas por el Consejo de Administración o por la presidencia.

CAPITULO III – Régimen de contrataciones


Art. 17º- ENTECAP efectuará sus operaciones de compra-venta de locación de cosas, obras o servicios de toda clase de contrataciones, conforme a los principios de básicos de publicidad en todas sus etapas, oposición o concurrencia o igualdad de trato a los oferentes, con las excepciones que establezca la reglamentación interna que aprueba el Poder Ejecutivo nacional, conforme a lo previsto en el inc. 1) del art. 10 de este estatuto.


CAPITULO IV – Capital, patrimonio y recursos


Art. 18º- Fíjase como capital de ENTECAP la suma de novecientos millones de australes (A 900.000.000)

Art. 19º- El patrimonio de ENTECAP estará constituido por los siguientes bienes:

a) Los que adquiera por compra, permuta, cesión, donación, legado o expropiación;

b) Las edificaciones y demás obras propias que construya para el cumplimiento de su objeto;

c) Los activos en sociedades en los que forma parte.

Art. 20º- Serán recursos de ENTECAP:

a) Los aportes del Tesoro Nacional que le fueren asignados anualmente en la ley del Presupuesto General de la Administración nacional;

b) El producido de la venta o locación de bienes de su propiedad;

c) El importe de los créditos que obtenga en el país o en el extranjero;

d) El importe de las contribuciones, comisiones, intereses, cánones, multas y remuneraciones especiales que establezca por los trabajos que realice o servicio que preste;

e) El producto de los impuestos creados o a crearse que se le asigne.



CAPITULO V – Régimen financiero


Art. 21º- El ejercicio económico-financiero de ENTECAP comienza el primero de octubre y termina el treinta de septiembre de cada año a cuya fecha se confeccionará la memoria y se practicará el balance general y cuadro demostrativo de ganancias y perdidas.

Art. 22º- Anualmente el ENTECAP elevará al Poder Ejecutivo nacional el plan de acción y presupuesto y el plan financiero con una antelación no menor de sesenta días al inicio del ejercicio de su aplicación. Si al iniciarse este no hubieren sido aprobados, ENTECAP dispondrá de los créditos autorizados, rigiendo temporalmente los que estuvieren en vigor en el pasado ejercicio, por aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 4º de la ley 13.653 (t. o. por dec. 4053/55) modificado por art. 1º de su similar 15.023, hasta que el Poder Ejecutivo nacional apruebe los instrumentos definitivos, en las condiciones del art. 31 de la ley 23.110, incorporado a la ley 11.672 (complementaria del presupuesto).

Art. 23º- Dentro de los cuatro meses posteriores a la finalización de cada ejercicio, ENTECAP someterá a dictamen de la sindicatura General de Empresas Públicas, los estados contables mencionados en el inc. p) del art. 10 de este estatuto y la propuesta de distribución de utilidades; todo lo cual será elevado por ésta a la consideración del Poder Ejecutivo nacional.


CAPITULO VI – Consejo Consultivo Honorario


Art. 24º- ENTECAP contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo Honorario integrado por personas o representantes de partidos políticos, entidades vecinales, profesionales, gremiales, empresariales y demás vinculadas con los problemas de ordenamiento territorial urbanístico y ambiental, de conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo de Administración.




NOTA: Este decreto se publicó sin el anexo II en el Boletín Oficial.




http://trasladodelacapital.blogspot....to-115687.html

Editado por rdrinero: 19.12.07 a las 15:14
Viejo Tromen dijo: 16.12.07
con respecto a lo de mover la capi, para mi hay que moverla bien al norte o bien al sur, para darle mas importancia, ycreo que los unicos que deberian poder vivir en ella son los politicos que tienen que trabajar en ella, y a cerca de lode si Bs. As. deberia ser autonoma, para mi que el GBA deberia serlo, al igual que el gran rosario y el gran cordoba (aunque me pese)

con respecto a lo de transladar la capital, estoy a fabor, y creo que hay que transladarla bien al sur o bien al norte, para darle mas importancia; a cerca de si Bs .As. deberia seguir siendo autonoma, creo que si deberia, unificandolacon el GBA, igual que el gran rosario y el gran cordoba (aunque me pese)

Editado por thromenp: 16.12.07 a las 22:07 Razón: DoblePost Unido
Viejo rdrinero dijo: 19.12.07
El proyecto de Alfonsín además de trasladar la Capital era reorganizar el area metropolitana, y basandose en un proyecto del ingeniero Guillermo Laura se planificó fusionar el Conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires y crear una nueva provincia que se iba a llamar Provincia del Río de la Plata. Pero este proyecto fracasó ya que la Provincia de Buenos Aires no estaba dispuesta a seder el Conurbano, es mas la Provincia pedía que se le devuelva la ciudad de Buenos Aires, por eso la ley de traslado de la Capital de 1987 estableció que una vez radicadas las autoridades nacionales en la nueva Capital Federal la ciudad de Buenos Aires se iba a constituir en una nueva Provincia, que fue el antecedente de la autonomia que se le otorgó con la reforma constitucional de 1994. La autonomía se le dio a la ciudad pensando en trasladar la Capital algun día., ya que la reforma constitucional nació del Pacto de Olivos, que fue un acuerdo entre el menemismo y el alfonsinismo, y donde Alfonsín logró imponer muchas de sus ideas a cambio de darle la reelción a Menem.

Editado por rdrinero: 19.12.07 a las 10:57 Razón: DoblePost Unido
Viejo rdrinero dijo: 26.12.07
12/ Reunión - 11/ Sesión ordinaria - 22 de agosto de 2007

-Modificación de la Ley Cafiero 24588 autorizando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a crear su fuerza policial.

Sra. Escudero. — Señor presidente: en la Reforma Constitucional de 1994, en su artículo 129, se le da un nuevo estatus jurídico a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con esta norma, se establecen claramente las potestades de un régimen de gobierno autónomo, facultades propias de legislación y de jurisdicción, elección directa por el voto popular del jefe de gobierno y el dictado de su propio estatuto organizativo. Se le otorga un estatus jurídico diferente, no se trata de un municipio ni de una provincia y mantiene su calidad de Capital Federal, la que tiene desde 1880. Aquí quiero recordar que en el año 1987 se dicta la ley 23512, por la cual se dispone el traslado de la Capital. Esa ley, si bien no se materializó, no ha sido derogada. De modo que en el análisis de cuál es el estatus de la ciudad de Buenos Aires, que es esencial para el abordaje de la norma que estamos analizando, es muy importante determinar cuál es el estatus propio de la ciudad con independencia de que sea o no la Capital Federal. Si un día se decidiera mudar la Capital Federal a otro lugar del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendría este régimen especial de autonomía. Es decir que el hecho de que sea o no Capital Federal no modifica este estatus autónomo de darse su propio régimen, de tener facultades propias de legislación y jurisdicción y un jefe de gobierno elegido por el voto popular. En el año 1995 se dicta la conocida "ley Cafiero", que es la que estamos modificando hoy, la 24588. Esta norma se dicta en virtud del párrafo segundo del 129 de la Constitución donde, a continuación de darle este nuevo estatus a la Ciudad de Buenos Aires, se establece que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. ¿Cuál es realmente el interés de la Nación en la ciudad Capital Federal? El artículo 3° de la Constitución establece que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República. Es decir que la única importancia que tiene el ser Capital Federal es la residencia de las autoridades nacionales. Cuando hacemos una lectura detenida de lo que dispuso la “ley Cafiero”, advertimos que, sin lugar a dudas, hubo un exceso en esta reglamentación. En el artículo 7°, la ley vigente establece que el gobierno nacional seguirá ejerciendo en la Ciudad de Buenos Aires su competencia en materia de seguridad y protección de las personas. Por lo tanto, allí no se hace ninguna referencia a cuáles son los intereses nacionales; lisa y llanamente se dispone que el gobierno nacional se ocupa de la seguridad y protección de las personas y le prohíbe crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación. Establece, también, que la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo las funciones de policía de seguridad y auxiliar de la Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional. Hubo un fallo muy interesante en el caso Gauna, donde se empezó a debatir el alcance de esta autonomía que había otorgado la Constitución. Y es interesante el voto en disidencia del doctor Petracchi, quien sostuvo que la autonomía es absolutamente operativa, es decir, que no es necesaria una ley especial en ese sentido. De acuerdo con ese criterio, obviamente, el artículo 7° de la “ley Cafiero” es inconstitucional porque limita facultades propias de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley cerrojo, este artículo cerrojo es inconstitucional y, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es adecuarlo a la Constitución Nacional. El proyecto ha omitido, tal vez por el apuro en avanzar en este tema, tocar otros artículos que había que tocar, como los que atañen a las potestades de la Policía Federal. En la norma que vamos a aprobar, sin modificaciones, tal como la sancionó la Cámara de Diputados, se establece que el gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad, con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. Y es aquí donde me quiero detener. La Ley Orgánica de la Policía Federal es una norma federal. Y en el artículo 3° de esa ley, se le da justamente la potestad de prevenir e investigar todos los delitos en los que entiendan los jueces de la Nación. En las provincias es muy fácil determinar la competencia de la Policía Federal puesto que está dada por la competencia de los jueces federales. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, como también existe la jurisdicción de los jueces nacionales, será necesario hacer algunos ajustes. Por eso he presentado un proyecto que tiende a realizar esos ajustes omitidos por la norma que estamos analizando. Hay un tema que se ha debatido mucho y, en ese sentido, entiendo que la confusión acerca de los alcances y de lo que significa esta norma provienen de lo que se pedía durante la campaña electoral. En ese momento, se pretendía la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. No es eso lo que se está analizando. No hay transferencia de competencias. No hay transferencia de funciones. Lo único que hay que hacer es ajustarse a la Constitución y derogar una prohibición que existía anteriormente. A través del proyecto en consideración el gobierno nacional ya no se ocupará de la seguridad de las personas y de los bienes en la Ciudad, sino solamente de garantizar la efectiva vigencia de las normas nacionales. Este será un proceso que requerirá tiempo, y la definición por parte del gobierno nacional de cuáles serán las estructuras que garantizarán esas competencias federales. Por supuesto, se le otorgará la facultad al gobierno nacional para que celebre los convenios que sean necesarios con la Ciudad de Buenos Aires. Esta aclaración es a los efectos de establecer por qué no corresponde hacer transferencia alguna de recursos o partidas. Al respecto, hay sectores de la Ciudad de Buenos Aires que piensan que si se están transfiriendo competencias en materia de seguridad, también tienen que transferirse los recursos, conforme lo señala el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Ahora bien, dicho artículo hay que leerlo completo y no solo un párrafo extrapolado. Al respecto, el artículo 75, inciso 2 no se está cumpliendo y no se ha cumplido, pues en su párrafo tercero se establece "La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional". Una vez que tengamos esa distribución equitativa y objetiva que tienda a igualar el desarrollo y la calidad de vida de todos los habitantes del país; una vez que esté en vigencia esa ley y esa distribución, entonces sí podremos decir que cada vez que se transfieran funciones deberán transferirse también competencias. Pero actualmente, la situación real es que no solamente no estamos transfiriendo competencias, sino que además la distribución de los recursos en este país es absolutamente injusta. Daré algunos números como ejemplo. En materia de inversión pública nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran el 40 por ciento del gasto total, y la provincia de Buenos Aires el 30 por ciento; por lo tanto, queda un 30 por ciento a distribuir en el resto del país. En consecuencia, al resto de las provincias le toca menos del 1,5 por ciento de la inversión pública.
En cuanto al gasto total por habitante y por provincia, vemos que la media nacional está en 3.345 pesos por habitante por año; la ciudad de Buenos Aires recibe cuatro veces la media nacional, mientras que la provincia de Misiones —que es la que menos recibe— percibe la mitad de la media nacional. Es decir que en este contexto de tremenda injusticia con relación a la distribución de los recursos y la inversión pública, es imposible pretender que hagamos transferencias de recursos a una ciudad que recibe cuatro veces la media nacional, o sea, cuatro veces lo que reciben las provincias que están en el medio. Y muy grande es la brecha entre las provincias que más y menos reciben. En ese sentido, se cumplieron once años del vencimiento del plazo señalado por la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional, y las provincias argentinas seguimos esperando. Creo que el año que viene deberíamos ponernos seriamente a trabajar en pos de lograr un país equitativo y una distribución más justa del desarrollo, del crecimiento y de la calidad de vida de todos los argentinos; porque por este camino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano terminarán un día conformando una ciudad de 30 millones de habitantes, y tendremos un hermoso y gran parque nacional en el NOA y el NEA argentinos.

http://www.soniaescudero.com.ar/joom...es/policia.doc
Viejo Cristiang10 dijo: 26.12.07
noo para mi que la capital se deje donde esta y que los dirigentes se ocupen de problemas mas importantes que este
Viejo rdrinero dijo: 26.12.07
FEDERALISMO Y REGIMEN MUNICIPAL
Por Miguel Ángel Ekmekdjian

El municipio del distrito federal

Cuando en este párrafo nos referimos a la Capital Federal, estamos excluyendo de sus consideraciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual según lo dispuesto en el art. 129 de la Constitución, tiene un régimen, para nosotros, provincial. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha dictado su propia Constitución local, tal como veremos en el párrafo siguiente.
La Capital Federal de la República tiene un status jurídico diferente del resto del territorio nacional. Conforme a lo que dispone el art. 3 de la Constitución nacional, la Capital federal debe ser declarada por una ley especial del Congreso, previa cesión, hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizar.
Atento a que los ciudadanos residentes en la Capital Federal no eligen a las autoridades locales, la constitución ha debido prever quienes ejercen el gobierno de distrito.
El Congreso nacional cumple las funciones de legislatura local (art. 75, inc. 30, CN) y el presidente de la República es el “jefe inmediato y local de la Capital”; en otras palabras hace a las veces de gobernador.
Ahora bien: tanto el presidente como el Congreso tienen como función primigenia la atención de los negocios que atañen a la Nación y, por ende, no pueden materialmente atender también a los asuntos domésticos de la Capital Federal.
Es por eso que gran parte de las competencias que corresponden a cada una de esas autoridades pueden ser delegadas en funcionarios locales, tales como el intendente (departamento ejecutivo) y en un Consejo Deliberante (departamento legislativo).
Vemos, así, que en el distrito federal existen también las autoridades típicas de los municipios. Pero no se debe confundir el municipio de la Capital Federal con los que el art. 5 de la Constitución impone a las provincias como requisito sine qua non para garantizar la autonomía política de éstas.
En efecto: la Constitución no prevé expresamente la existencia del municipio de la Capital Federal. Los municipios de provincias, en cambio tienen, tienen jerarquía constitucional y ello les da el carácter de entidad primaria con personería política.
La delegación de funciones a que hicimos referencia más arriba delimitada al ámbito de competencia municipal a la policía urbanística, la cultura, la recreación, el fomento de las artes, la salud pública, la bromatología, la ecología, las construcciones, la limpieza urbana, la comercialización, el tránsito, las obras viales, etc.
Esta delegación no obsta a que tanto el Poder Ejecutivo nacional como el Congreso puedan ejercer el derecho de avocación respecto de tales funciones, y tampoco impide que aquéllos puedan delegar en las autoridades municipales otras facultades atingentes al ámbito local.


El régimen de la Ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de de 1994

La reforma constitucional ha tratado de resolver definitivamente la vieja "cuestión capital”, aún no resuelta desde la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880, dándole a la Ciudad de Buenos Aires el status de una nueva provincia argentina, aunque –inexplicablemente- no la denominó así,
Según los nuevos textos constitucionales incorporados, se da la incoherencia de que la Ciudad de Buenos Aires será, al mismo tiempo, una nueva provincia y seguirá siendo la Capital Federal de la República Argentina.
La ley 23.512 –aun no derogada en lo formal- dispuso el traslado de la capital federal a Viedma-Carmen de Patagones. El art. 6 de dicha ley establece que, luego del traslado, la Ciudad de Buenos Aires se constituirá en una nueva provincia, tal como sucedió en el Brasil con la creación del Estado de Guanabara, cuando el distrito federal se trasladó de Río de Janeiro a Brasilia.
El nuevo art. 129 de la Constitución ha reeditado el tema de la provincialización de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo antecedente inmediato se halla –como expresamos más arriba- en el art. 6 de la ley 23.512, que fue muy cuestionada en su memento, por diversos sectores políticos. Pero pensamos que lo ha resuelto mal y defectuosamente.
El tema encierra diversos aspectos de naturaleza impositiva, técnica, social, económica, etc., de muy complejo análisis, razón por la cual su estudio no puede agotarse en este breve comentario.
En primer lugar, parece muy difícil (si no imposible) instrumentar la provincialización de una ciudad (Buenos Aires u otra cualquiera), en tanto siga siendo la capital federal de la República Argentina, es decir, el asiento de las autoridades nacionales. En efecto, coexistirán en ella tres niveles de gobierno sobre el mismo territorio: el nacional, el provincial y el municipal.
Esta superposición de jurisdicciones traerá inevitablemente numerosos conflictos, tal como los trajo la “cohabitación” de las autoridades nacionales y provinciales en la misma Ciudad de Buenos Aires, entre 1860 y 1880. Todo esto resulta harto perjudicial para los habitantes de Buenos Aires, que sufrirán daños en sus derechos, a causa de los conflictos de competencia entre las distintas autoridades.
Para muestra basta un ejemplo: el nuevo art. 129 establece que la Ciudad de Buenos Aires tendrá su régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación. Por su parte, el inciso 30 del nuevo art. 75 (corresponde al anterior art. 67, inc. 27) establece que el Congreso ejerce “una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación”. Esta contradicción no es resuelta por la cláusula transitoria séptima que dice: “ El Congreso ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación, las atribuciones que legislativas que conserve con arreglo al artículo 129”. Conforme a este artículo, el Congreso parece no conservar ninguna atribución legislativa. ¿Cómo se entiende este galimatías?
La cláusula transitoria séptima establece que mientras la Ciudad de Buenos Aires continúe siendo la capital federal de la Nación, el Congreso ejercerá las atribuciones que conserve conforme al art. 129. En otras palabras, no debe conservar ninguna atribución, ya que el art. 129 establece que la Ciudad de Buenos Aires tendrá los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Al contrario, creo firmemente que el art. 129 y concs. De la Constitución nacional le otorgan a la Ciudad de Buenos Aires todas las cualidades y atribuciones que tienen origen en las autonomías provinciales, aunque no le den el título de provincia. Pareciera que los convencionales hubieran tenido algún reparo en denominarlo así.

Veamos:
El art. 129 de la Constitución le reconoce un “régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno(1) será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”.
Del párrafo trascrito se desprende que, si bien con varios errores técnicos y de redacción, se confiere a la Ciudad de Buenos Aires el carácter de ente con autonomía política(2).
Más aún, el último párrafo de art. 129 establece que “el Congreso de la Nación convocará a los habitantes (a los ciudadanos debió expresar) de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones”.
Esto no significa otra cosa que convocar a una Convención Constituyente provincial, para que sancione una constitución para la nueva provincia, a la que se la denomina “Estatuto Organizativo”, rompiendo con una denominación de antigua prosodia en nuestro derecho constitucional y público provincial.
Son varios los artículos del nuevo texto constitucional que se refieren al status de la Ciudad de Buenos Aires.
El art. 44 otorga el poder legislativo a un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados “y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”; el art. 45 establece que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Capital en caso de traslado”.
El art. 54 establece que “el Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires…”
Más aún, el mencionado art. 44 otorga representación en la Cámara de Diputados a la Capital Federal, si esta se trasladara de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la representación en la Cámara Baja de los diputados porteños es independiente de su rol de Capital Federal de esta ciudad.
El art.54, ya mencionado, en cambio, le quita a la Capital Federal la representación que tenia en el Senado según el texto de art.46, anterior a la reforma de 1994(3), para dárselo a la Ciudad de Buenos Aires.
De los textos trascritos se desprende que la Ciudad de Buenos Aires tiene en ambas Cámaras del Congreso Nacional, la misma representación que cualquier provincia.
El art. 75, inc. 2, penúltimo párrafo, se refiere también a la Ciudad de Buenos Aires, asimilándola a una provincia, al exigir su conformidad para la transferencia de servicios a cargo de la Nación.
El mismo artículo, en su inc. 31, otorga al Congreso la atribución de “disponer de la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires”.
El art. 99, inc. 20, faculta al presidente a decretar la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires, en caso de receso del Congreso.
El art. 124 incluye a la Ciudad de Buenos Aires en el régimen de convenios internacionales que pueden celebrar las provincias.
El art. 125, también menciona expresamente a la Ciudad de Buenos Aires junto con las provincias, facultándolas a conservar ciertos organismos de seguridad social, de carácter local.
La séptima cláusula transitoria -también en modo deficiente- está expresando que, mientras la Ciudad de Buenos Aires siga siendo capital federal de la República Argentina, el Congreso Nacional no tendrá la injerencia que, como legislatura exclusiva de la capital federal, le otorga el art. 75, inc. 30, de la Constitución.
Algunos afirman que la Ciudad de Buenos Aires, al no estar mencionada en el art. 75, inc. 12, de la Constitución, no puede tener un Poder Judicial completo. Esta afirmación encierra una falacia. La Ciudad de Buenos Aires no está mencionada en dicho inciso, sencillamente por una omisión (entre tantas) de los constituyentes de 1994.
De otro modo, aplicando el mismo criterio carente de lógica, antes de la sanción de la ley 13.998, la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco estaba mencionado en el art. 67, inc. 11(antecedente del actual 75, inc. 12), y por ello no hubiera podido existir. Sin embargo, siempre existió la justicia ordinaria de la Capital, la que recién a partir de la ley 13.998, pasó a ser Justicia Nacional.
Otra afirmación sin fundamento alguno, es la que pretende que el Congreso sigue siendo la legislatura local de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por el art. 75, inc. 30. Esto llevaría al absurdo de que la Ciudad de Buenos Aires tendría dos legislaturas locales: el Congreso Nacional y la que establece el propio art. 129 y ha sido creado por la Constitución local. Esta última no es un simple Consejo Deliberante.
Para rechazar esta argumento basta con mencionar la disposición transitoria decimoquinta, que textualmente establece: “Hasta tanto se constituyan los poderes…el Congreso ejercerá una legislación exclusiva”. En otras palabras, cuando funcione la Legislatura local, deja de aplicarse el art. 75, inc. 30, en lo pertinente.
Se afirma que la Ciudad de Buenos Aires es un “municipio nacional”, a diferencia de otros municipios que serían provinciales. Sin perjuicio de expresar que esto no surge de ningún texto constitucional, no se entiende que significa tal expresión.
Si la Ciudad de Buenos Aires fuera un municipio, aún con rasgos especiales, los constituyentes no hubieran introducido el art. 129 en la Constitución, ya que hubiera bastado con suprimir la jefatura inmediata y local del presidente sobre la Capital Federal (ex art. 86, inc.3) y esta estaría cubierta con la disposición del art.123, in fine.
Además, ningún municipio podría tener representación en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, como la tiene la Ciudad de Buenos Aires.
En síntesis, la Ciudad de Buenos Aires no es un mero municipio con caracteres especiales, como pretende un proyecto de ley en sus fundamentos, ni el Congreso sigue siendo legislatura local de la Ciudad de Buenos Aires.
De todo ello se infiere que la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo grado de autonomía que una provincia.
El Congreso a dictado dos leyes, la 24.588 24.620, la primera de preservación de los intereses del Estado nacional y la segunda convocando a elecciones de jefe de gobierno, las cuales has recortado inconstitucionalmente las atribuciones del gobierno local, conferidas por el art. 129.
También están pendiente de tratamiento dos proyectos de ley que pretenden ejercer el control constitucional, sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, declarando la nulidad de algunos artículos de la misma. Conforme al tradicional criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el control de constitucionalidad es función exclusiva del Poder Judicial.





(1) “Jefe de la administración” o “titular del Poder Ejecutivo” debió decir, ya que en nuestro sistema el gobierno lo forman los tres poderes del Estado, no solo el ejecutivo.
(2) Comparar el párrafo trascripto con el art. 122 de la constitución nacional.
(3) Nosotros hemos criticado la representación que tenia en el Senado la Capital Federal por cuanto en la Cámara estaban representadas las autoridades provinciales, antes de la reforma constitucional de 1994

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Editado por rdrinero: 27.01.08 a las 19:04
Viejo Isidoro_Cañones dijo: 27.12.07
Yo los leo escribiendo de federalismo y descentralización, en unos casos movidos por un real afán de descentralizar la burocracia de Buenos Aires, en otros casos teñidos con una pizca de resentimiento hacia los porteños y a Buenos Aires y en otros casos buscando una genuina fuente de trabajo para miles de personas que edificarán una ciudad nueva, pero no le he leído a nadie comentar como se financiarán los miles de millones de dólares qie costará edificar la nueva ciudad, las obras civiles, aeropuertos, viviendas, obras públicas. Nadie ha escrito de donde saldrá todo esa catarata de millones de dólares, necesario para solventar esas obras.

¿Le seguimos pidiendo plata a Chávez al 12% anual? ¿Dejamos de financiar a los hospitales y a las escuelas para levantar la nueva Brasilia del cono sur? ¿Aumentamos los impuestos, asi las empresas que sobreviven tiran la toalla y se van a producir a Santa Catarina, con costo fiscak 0 por diez años? ¿Cada argentino donará el 10% de su sueldo por diez años?

Las ideas son geniales, no lo dudo, pero si sugieren el modo de financiarlas, además de geniales pasan a ser posibles.
Viejo rdrinero dijo: 27.12.07
Durante mas de un siglo la Ciudad de Buenos Aires ha canalizado el grueso de las inversiones en infrestructura, en salud, en transporte, en medios de comunicación, etc., tanto estatales como privadas del país y todo gracias a su status de Capital Federal, por eso a concentrado todo en su territorio o en sus alrededores, en el Area Metropolitana. Lo que sucede es que muchos porteños no quieren que otra parte del pais cresca y sea importante. Muchos son los autores pertenecientes a diversas disciplinas cientificas que han escrito sobre la necesidad de trasladar la Capital Federal, no se trata solo de una cuestion de opinion y de como decis vos de "personas resentidas". Y asi como los porteños tienen derecho en querer que la Capital se quede en Buenos Aires el resto del Pais tambien tiene derecho en querer que la Capital Federal se traslade fuera de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Argentina no es solo la Ciudad de Buenos Aires, la Argentina abarca 3 millones de kilometros cuadrados no solo los 200 de la Ciudad de Buenos Aires. El argumento de que trasladar la Capital es muy costoso es el mismo que utilizaron a fines de los años `80 los detractores de la ley 23.512 de traslado de la Capital a Viedma para tirar abajo el proyecto, pero detrás de ese argumento estan los intereses politicos y economicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Editado por rdrinero: 28.12.07 a las 04:04

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