Vergüenza. en el foro de Política, Economía y Sociales:

Buddha · 14.01.09, 10:25

LA CAMARA DE CASACION EXCARCELO A TRES REPRESORES PLATENSES
Con mejor suerte que Astiz

Se trata de Miguel Kearney, quien fue jefe del Destacamento de Arana, y Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, autoridades de la Brigada de Investigaciones. La decisión se basó en que, supuestamente, no hay peligro de que se fuguen o traben la investigación.

Por Diego Martínez
Hace treinta años comandaron el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones, dos de los principales centros clandestinos de La Plata. El brazo corto de la ley los alcanzó recién en mayo de 2007, pero nunca pisaron la cárcel. Como tienen más de setenta años gozaron de arresto domiciliario. Tampoco durante demasiado tiempo. Apenas veinte meses. El 22 de diciembre la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, con los votos de Angela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi, consideró que nunca intentaron sustraerse de la Justicia, que no hay razones para pensar que quieran fugarse y les concedió el derecho a esperar el juicio en libertad.
Tras la reapertura de causas de la dictadura, La Plata fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el capellán Cristian von Wernich. Pero no hubo aún un juicio acorde a la magnitud de las torturas y homicidios del circuito Camps. En el horizonte apenas se vislumbran el que juzgará a los jefes de la comisaría 5ª y a torturadores de la Unidad 9. Recién después podría llegar Arana y la Brigada de Investigaciones. Durante la espera, los represores mueren de viejos. En 2008, sólo en La Plata, fallecieron Juan Fiorillo, Mario Alberto Jaime y Carlos Vercellone.
Miguel Kearney fue jefe del Destacamento de Arana, donde se acaban de encontrar fragmentos de restos óseos y un paredón repleto de impactos de bala. Por allí pasaron más de doscientos secuestrados, la mayoría desaparecidos. En 1986 la Cámara Federal porteña ordenó la detención del “Inglés” Kearney. No se concretó gracias a la Obediencia Debida. Los jueces de Casación consideraron para liberarlo que “no registra antecedentes penales”. Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales fueron jefe y subjefe de la Brigada, donde se interrogaba y distribuía a las víctimas a otras cuevas de Ramón Camps. El 30 de noviembre de 1977, cuando María Cifré de Iriart fue a ver a su hija, el comisario Páez le dijo “recién la llevaron”, en teoría, para liberarla. No volvió a verla. Es una de las víctimas por las que fue condenado Von Wernich. Corrales lo secundaba en el mando.
El juez Arnaldo Corazza y la Cámara platense les negaron la excarcelación a los represores. Los jueces Ledesma, Tragant y Riggi sostuvieron que, pese a la gravedad de los delitos y la elevada pena prevista, no hay peligro de fuga, no obstruyeron la investigación, son ancianos con familia como Dios manda y se portaron bien durante el arresto domiciliario. Días antes la misma Sala III había ordenado liberar a Daniel Jorge Lencinas, guardia de Arana. A diferencia del fallo de Casación que ordenó el cese de las preventivas de Astiz, Acosta & Cía., las liberaciones de los policías no habrían sido apeladas por ningún fiscal y por lo tanto se concretaron la semana pasada.

LOS ARTICULOS DEL CAMARISTA SUBROGANTE GUILLERMO YACOBUCCI EN LA REVISTA CABILDO
Cosa de coherencia a lo largo de los años

Fue uno de los dos que votaron la liberación de Astiz, el Tigre Acosta y otros veinte represores. Fue en 1977 y 1978, cuando él era un joven que hacía carrera en Tribunales y Cabildo era el house organ de la represión.

Por Mario Wainfeld
Sus devotos lectores, pocos pero fanáticos, tenían sobrados motivos para esperar la revista Cabildo de agosto de 1977. El mensuario reaparecía tras dos meses de ausencia. La edición de junio había sido secuestrada por orden de la dictadura que, además, sancionó a la publicación prohibiendo su salida en julio. La reacción tenía que ver con una interna de las propias Fuerzas Armadas dictatoriales. Cabildo expresaba a (y recibía data confidencial de) un ala de los represores, encarnada, entre otros, en los generales Acdel Edgardo Vilas y Rodolfo Mujica y el comisario Ramón Camps. Enfrentaba con el furor propio de las internas a compañeros de armas que juzgaba “liberales”, les atribuía complicidades con la guerrilla, el judaísmo y otras bestias negras. José Alfredo Martínez de Hoz estaba en el banquillo de los acusados, Alejandro Agustín Lanusse ya había sido condenado. Algunos desbordes de esa doctrina colmaron la paciencia de la Junta Militar, que le aplicó una sanción piadosa, para los cánones de época.
En agosto Cabildo volvió con todo. Su tapa se floreaba con uno de sus tópicos favoritos: mostraba a Lanusse saludando a David Graiver, acariciándole la cara por más detalle. En el editorial el director Ricardo Curutchet no lagrimeaba por el cierre: “creemos (...) que el gobierno debe actuar sintiéndose asistido por facultades discrecionales, sin complejo alguno de comportarse institucionalmente como una Dictadura”. Sí se quejaba porque Cabildo había quedado entre dos fuegos “el gobierno que la cerró y el poder judío”. Contra éste embestía sin ambages, con la prosa macarrónica propia de la derecha nacionalista vernácula.
Acdel Vilas colaboraba con una nota larga, dedicada a una obsesión de los genocidas: la subversión cultural. Con dotes premonitorias notables, el genocida anticipaba argumentos que enunció Emilio Massera en el juicio a las Juntas, replicados ante decenas de estrados judiciales: guay de ganar la guerra y perder la batalla cultural.
Menos pimpante pero congruente con el contexto, la nota de apertura de la sección internacional se interesaba por la situación en España, durante la naciente restauración democrática. “Cocineros antes que frailes” se titulaba el artículo. Aludía, como hizo Antonio Machado, a dos Españas pero vistas del otro lado. Según el autor, de pluma generosa en casticismos y en palabras tonantes, los cocineros representaban el espíritu de la República y estaban volviendo. Los frailes eran, por oposición, “los grandes arquetipos de la raza”. La praxis del rey (con minúsculas siempre), “el Borbón”, era lapidada con minucia. Pero no sólo Juan Carlos estaba en entredicho, también sus súbditos. “El pueblo español no quiere hoy a los frailes, se ha quedado con los cocineros”, plañía el columnista para luego enardecerse: “ha preferido los derechos humanos de los guerrilleros al derecho insobornable de la Patria, optó por la fastidiosa palabrería de los políticos, entregando la serena palabra de los jueces, cambió la humilde justicia de la verdad por la amnistía de los asesinos, los tribunales económicos por la usura, la soberanía nacional por la soberanía popular”. La catilinaria antidemocrática apelaba en su crescendo al clasicismo hispano: “En fin, prefirió el fondo de las alforjas de Sancho a la punta de lanza del Quijote”.
La nota, de una página, nada decía sobre las eventuales comparaciones con la Argentina, tal vez porque caían de su peso.
El autor de la nota firmaba G.J.Y. Son las iniciales de Guillermo Jorge Yacobucci, uno de los dos camaristas subrogantes de Casación que decidieron la libertad de una pléyade de represores, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, el Tigre.

Tertulias

Cabildo no tenía estructura legal en regla. Decía que la empresa era una SRL “en formación”, un rebusque convencional en publicaciones pequeñas. Disponía también de un sello de goma, el Centro de Estudios Nuestra Señora de la Merced. Bajo ese paraguas solían celebrarse las reuniones de debate político y de preparación de la revista, en una vieja casa ubicada en el tercer piso de Talcahuano 893. La construcción era noble, grandes los ambientes, en los encuentros podían juntarse entre 50 y 100 personas.
Llevaban la voz cantante Curutchet, Juan Carlos Monedero (un militante del derechista Sindicato Universitario de Derecho, a cuyo adecuado apellido debían hacerse los cheques por las suscripciones), Antonio Caponetto (el actual director de Cabildo). Varios sacerdotes ultramontanos, entre ellos autoridades de colegios confesionales, eran de la partida. Según contaron a este diario testigos presenciales, cuya identidad se reserva, Yacobucci participó en varias de esas tertulias, en un rol iniciático y promisorio. Las tenidas se realizaban para discutir “de política” o del sumario de la revista. También había intercambios con cofrades de otras latitudes. Los falangistas españoles, atribulados tras la muerte de Francisco Franco, eran invitados de honor. El ex presidente Roberto Marcelo Levingston participó en uno de esos homenajes. Yacobucci también fue de la partida. Era joven, había nacido en 1956, la cúpula de Cabildo le proyectaba un porvenir brillante.
Los informantes saben que firmaba las notas con iniciales porque, estudiante aún, aspiraba a hacer carrera en el Poder Judicial. Y las internas dictatoriales que mencionamos en el primer párrafo motivaban que él mismo y sus mentores eligieran el módico enmascaramiento en prevención de potenciales represalias.

Obras completas

G.J.Y volvió a escribir en Cabildo un año después, en agosto de 1978. En términos periodísticos, ascendió. Su columna, titulada “Un canto para la Argentina Austral”, comentaba el tema de tapa, que era la escalada bélica con Chile. La revista propiciaba la guerra, G. J. Y. le agregaba condimento a la postura editorial. Con la proverbial pulsión tanática del nazionalismo convocaba a morir por la Patria. El argumento era moral pero también rozaba una curiosa interpretación jurídica: “Nada más irrevocable que la posesión adquirida a costa de la sangre”, estipulaba. Y oponía esos títulos rojos a la chatura de los documentos. “¿Qué papel con negros párrafos y largos articulados podrá oponerse al sacrificio de quienes se han inmolado en acto supremo de generosidad por la integridad territorial?” El sistema internacional cedía ante la densidad legal de los muertos en combate: “No existe Organización, Sociedad o Pacto en el mundo capaz de hacer retroceder a los muertos del campo conquistado con su vida”. Como en todas las citas de esta nota las mayúsculas son responsabilidad estricta del autor de los originales.
Era una versión institucional pintoresca, algo traída para un hombre de leyes que iba terminando su carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1980.
Guillermo Yacobucci ascendió peldaño a peldaño en Tribunales, integra por derecho propio la “familia judicial”, según sus recibos de haberes tiene 34 años de antigüedad. También hizo méritos académicos. Su currículo expone numerosas obras publicadas, solo y en colaboración, casi todas de derecho penal. Tiene reputación de hombre de derechas y de juez con versación jurídica superior a la media. Dirige el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral, estrechamente ligada al Opus Dei.
Llegó como subrogante a la Cámara Federal de Casación, eligió la mitad de la biblioteca que favorecía la libertad de Astiz y del Tigre. En un caso polémico, abierto a interpretaciones dispares, optó por la más favorable a los terroristas de Estado, beneficiándolos por la desidia de los magistrados. La decisión judicial no es un proceso puramente deductivo, contiene opciones valorativas y políticas.
El lunes pasado, el casador interino Yacobucci asumió que los juicios sobre el terrorismo de Estado se dilatan porque “la Justicia no marcha a un ritmo deseable”. Y, en parcas declaraciones a los medios, defendió el fallo.
Eso sí, dejó sentado que los crímenes de lesa humanidad le causan “repugnancia visceral”.
En otros tiempos, por lo visto, pensaba diferente.

Witold · 14.01.09, 11:16

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