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Viejo PoLy dijo: 08.05.06
Más allá del orígen de esos párrafos, el contenido de los mismos es una muestra más de la intolerancia de los partidos de izquierda pero particularmente de los activistas de los 70s.

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Viejo El Gran Forro dijo: 08.05.06
) Sistema adoptado por la C.N.A a priori y a posteriori de la reforma de 1994: Con anterioridad y posterioridad a la reforma de 1994 la carta magna por intermedio de su art.31 regla lo siguiente: ”Esta Constitución, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación...”. El mencionado artículo en concordancia con el art.27, también constitucional, adoptaron la teoría dualista para la Nación ya que el último establece: ” El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y de comercio con las potencias extranjeras por medio de los tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”. Los efectos jurídicos que se desprenden de esta conexidad son la posibilidad de firmar tratados internacionales con su posterior entrada en vigor siempre y cuando no se afecten principios de derechos públicos constitucionales. A causa de ello queda explícito el carácter de preferencia con que cuenta la constitución respecto de los tratados con jerarquía internacional, la independencia de los sistemas jurídicos y , por ende, el efectivo distanciamiento del monismo que concibe al todo como unidad indivisible.
Con posterioridad a la reforma en nada cambio el tratamiento constitucional respecto del tema que suscita nuestra investigación. El artículo 75 inc 22[5] ha ratificado la concordancia de los arts.27 y 31, constitucionales, al dar primacía a los derechos, declaraciones y garantías constitucionales, frente al derecho internacional, en caso de puja normativa. Consecuencia de ello es la exactitud con que se demarca la independencia de los sistemas jurídicos como causa de una norma no self executing (no factible de aplicación por contrariar el ordenamiento legal interno). Es claro efecto de una norma no self executing, la falta de operatividad con que puede contar un tratado dentro del marco legal interno de un sujeto de derecho internacional(V. Ekmedjián c/Sofovich s/ operatividad o no del art.14 de la Convención Americana sobre derechos humanos).
e) Convención de Viena de 1969: si bien es cierto que nuestro país está adherido a la convención por la firma que realizó en 1973, no menos es que la misma posee un carácter interpretativo dificultoso, en lo concerniente a la procedencia de la pena máxima, a la hora de armonizarla con nuestra imperante legislación. La estricta reglamentación de los tratados, que se realizó en Viena, se refleja en su art. 27: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Si bien es cierto que los tratados que nos ocupan, derechos humanos, cuentan con jerarquía constitucional, no podemos llegar a la conclusión que aquellos deben tener primacía por sobre nuestra constitución porque, de este modo, estaríamos contrariando el ya mencionado art.75 inc 22 párrafo segundo, tal como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en el caso Ekmedjián c/Sofovich.
III. Pena de muerte en el Código de Justicia Militar
El estudio de la pena capital respecto del Código Militar, amerita ser dividido conforme a su aplicación, en tiempos de paz y tiempos de guerra.
a) Tiempos de paz: con la reforma introducida por la ley 23.049 se ha incorporado al código militar el art. 445 bis[6]. Dicho artículo establece en forma clara y con gran determinación que en caso de sentencia castrense a favor de la aplicación de la pena máxima, será procedente la revisión judicial por parte de la Cámara Federal de Apelaciones. Se limitan, de este modo, las potestades del Poder Ejecutivo ya que con anterioridad a la vigencia de la ley 23. 049, el art. 468[7] del Código Militar facultaba al Presidente de la Nación para entender en el recurso de revisión, que no era sino el disponer la ejecución de las sentencias firmes de los tribunales militares. Aunque la nueva ley ha venido a dejar sin efecto cualquier tipo de indulto que pudiera emanar del Jefe de Estado, pensamos que se torna ridículo que el Código de Justicia Militar pueda dejar sin efecto un artículo con rango constitucional (ver art. 99 inc 5[8] de la C.N.A). La pena de muerte se encuentra tipificada en el art. 528[9] del Código Militar, la misma es aplicable sólo respecto a militares que no cumplieren con los deberes que la misión castrense les ha impuesto. Por ende, los civiles han quedado al margen de los efectos que produce la aplicación de tal norma.
La conclusión con respecto a la aplicación de la pena cruel, en tiempos de paz, en el código castrense, se remite al cumplimiento efectivo del principio de debido proceso. Existiendo ley anterior a la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, la aplicación de tan alta pena no se tiñe de ilegalidad ya que el mencionado tratado “ut supra”, sólo engloba a aquellos países que hubieran abolido la pena en forma definitiva, a “contrariu sensu” de nuestro art. 528 de Justicia Militar; en todo caso habría que dirimir acerca de la legitimidad o no del artículo mencionado. (ver acápite IV inciso c) ).
b) Tiempos de guerra: En tiempos de guerra e incluso en delitos comunes[10], el Código de Justicia Militar debe ser aplicado en su totalidad. Esto, en principio no incluiría al personal civil ya que el mismo no se encuentra inmerso en la mencionada codificación.Sin embargo, no hay que olvidar la ley con que cuenta el Estado en este tipo de situaciones. Olvidar que la necesidad impone la toma de recaudos en forma rápida y expedita para evitar males que podrían imposibilitar el mantenimiento incólume de nuestras instituciones, podría devenir en un precipitado final de nuestra soberanía con todo lo que ella incluye, poder, perpetuidad y absolutismo. Es por ello que en estos casos, nos parece correcto la aplicación de la pena de muerte conforme a la ley Marcial[11] y en la medida que esta le prevea, si, de este modo, no fuese manifiesto el quebranto de los límites de legalidad y legitimidad que los tiempos le demandaren (en salvaguarda del derecho nacional[12]).
IV. Vigencia de la pena conforme al art. 18 de nuestra carta magna
a) Diferencia entre causas políticas y delitos políticos: Como hemos expuesto en el acápite I, la teoría abolicionista sobre la pena capital a que hace mención el art. 18, se refiere, pura y exclusivamente, a “causas políticas” y no a delitos políticos. Los delitos son políticos por la naturaleza del bien que lesionan (Estado), pero no obedecen a una causa política, pues ésta no se define sólo por los efectos jurídicos del delito, sino también por la naturaleza del derecho que se ejerce y el modo de ejercerlo al delinquir: el ejercicio de la soberanía originaria del pueblo en forma vedada por la Constitución[13](rebelión y sedición). Delitos políticos son aquellos que se encuentran tipificados en nuestro Código Penal desde el art.214 hasta el art.225 (delitos contra la seguridad de la Nación - Traición), y que cuentan con exclusividad en lo concerniente a la garantía procesal ya que la misma esta prevista nada menos que en nuestra Ley Suprema; la Constitución Nacional. El art.119 de la Carta nos sirve de base para fundamentar una posición ideológica respecto de la pena cruel (ver en detalle el análisis relativo a los arts.119 y 69).
[5] Art. 75 inciso 22 C.N.A: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales(atribuciones del Congreso)...la Convención Americana sobre Derechos Humanos...tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocida. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara...”
[6] Art.445 bis. Inciso 1: “En tiempos de paz, contra los pronunciamientos definitivos de los tribunales militares, en cuanto se refieren a delitos esencialmente militares se podrá interponer recurso que tramitará ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar del hecho que originó la formación del proceso...”.
[7] Art. 468: ‘La ejecución de las sentencias firmes de los tribunales militares, debe ser ordenada por el Presidente de la Nación en todos los casos en que la sentencia imponga pena de muerte...pero las que en tiempo de guerra pronuncian los consejos especiales...serán ejecutadas por orden de sus respectivos gobernadores o comandantes en jefe...”.
[8] El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:...5.-“Puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal...”.
[9] Art. 528: “Los delitos militares serán reprimidos con las siguientes penas que se aplicarán por sentencia de los consejos de guerra. 10Muerte...”.
[10] En tiempos de paz para los delitos ordinarios rige el Código Penal de la Nación.
[11] El Presidente de la Nación según la ley 23.049 no puede intervenir respecto de la ejecutoriedad o no de la pena de muerte.
[12] Art.21 C.N.A: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución...”
[13] Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, 6ª. Ed., Buenos Aires, Angel Estrada y Cía, no 190.

Delitos comunes y delitos graves: según lo expuesto , sustentamos la posición que faculta la aplicación de la pena capital, en base a dos teorías. La primera es aquella que gobernó desde el año 1853 hasta el año 1886 (sanción del Código Penal). Durante el transcurso de treinta y tres años, nuestra legislación –carente de legislación de fondo y de enjuiciamiento en lo Penal- se valió de la C.N.A como medio legítimo para proceder a la ejecución de la pena cruel; legítimo tanto para delitos comunes como para delitos políticos (v. Art.18: “...por causas políticas...”). Por qué no habría de ser posible entonces su aplicación en estos tiempos si el art.18 jamás ha sido reformado?. No fue este uno de los caminos que se trató de utilizarse debido a las reiteradas violaciones seguidas de muertes y al tráfico en gran escala de estupefacientes?. Tanto la violación seguida de muerte como el tráfico de estupefacientes, son los delitos que el Pacto de San José denomina “graves”. Según el mismo, son estos los delitos en los que está permitido la aplicación de la pena máxima. El art. 18 sirve, de este modo, como una puerta entreabierta para aquellos que son hábiles a la hora de engendrar nuevos rudimentos jurídicos, el mismo es un artículo que deja la duda al arbitrio del poder de turno. La deja desde hace ya ciento cuarenta y seis años. Ni, en la actualidad, el Pacto de San José puede socavar esta teoría que se genera en base a la omisión o no con que cuenta el art.18. Recordemos que los tratados “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art.75[16] inc 22 C.N.A). Por último la renuncia al Pacto- ya transcurridos los cinco años desde su ratificación- siempre es posible (v. Párrafo 1. art 75 inc 22). Es esta la primera teoría que sometemos a juicio de nuestros legisladores, aquella que permite la aplicación de la pena ingrata, ya sea con denuncia o sin ella, del Pacto de San José, esto último por interpretación analógica del sistema legal imperante entre los años 1853 y 1886, y sin olvidar la preponderancia del derecho interno sobre el derecho internacional como medio de adecuación a los tiempos que corren (dualismo).
La segunda es la que denominamos “teoría de la reserva legal implícita”. La misma sólo es aplicable en caso de delitos políticos, pero a diferencia de la primera, cuenta con la garantía que le brinda el art.119 de nuestra C.N.A. Dicho artículo permite al Congreso fijar ley especial –léase de fondo o de enjuiciamiento- en caso de delito de Traición; o sea en caso de delito político. Esta reserva legal que ha hecho nuestro país, con anterioridad a la firma del mencionado pacto, permite soslayar leyes de fondo como de enjuiciamiento, por lo que no sería menester renunciar a nada por ser el pacto complementario de nuestro derecho interno[17]. Aun teniendo en cuenta que el Pacto de San José prohibe la pena de muerte por delitos políticos: ”No es acaso la traición un delito de los denominados graves por la mismísima Convención?, se puede objetar el categorizar al delito de traición a la patria como uno de los más graves con que cuenta nuestra legislación”?. Sin dudar en nuestro criterio, la traición al tener como máximo damnificado al Estado – con todos los bienes que lo constituyen y conforman su patrimonio -, es una gran manifestación de delictuosidad, ya que sus efectos no sólo actúan en desmedro de nuestras instituciones a nivel internacional sino que atentan contra la soberanía que el pueblo ha delegado en sus representantes, con el fin inmediato de que éstos se desempeñen con intachable conducta y en resguardo del bien común público. Cabe el destacar que las más altas traiciones, según se puede rememorar en base a la historia escrita, han sido cometidas, en la mayoría de los casos, por funcionarios con competencia en la dirección de un Estado de derecho. Consecuentemente, consideramos al art. 69 - de la Constitución Nacional - el fundamento jurídico que actúa, como principal y esencial engranaje, para poner en funcionamiento la teoría de la reserva legal implícita (ver acápite IV).

Análisis del artículo 69 de la C.N.A
Nuestro actual artículo 69 -art.58 en 1853, luego 61 y finalmente 69 - nunca fue desterrado de nuestra Constitución Nacional. El mismo sostiene lo siguiente: “Ningún senador o diputado...puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti delito en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte...”. Si bien es cierto que en la parte preliminar del artículo se consagra una garantía individual parlamentaria, denominada inmunidad o exención de arresto, no menos lo es que toda regla tiene su excepción. La misma siempre estuvo contemplada en todas las codificaciones nacionales, desde el antiquísimo Reglamento de la Junta Conservadora allá por el 22 de octubre de 1811, pasando por el proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica, el Decreto del 31 de enero de 1813 dictado por la Asamblea General Constituyente, la Constitución de 1819 y la de 1826 hasta llegar a la de 1853. El artículo faculta el arresto siempre y cuando se encontrare “in fraganti” delito a algún senador o diputado en la comisión del delito consagrado en el art. 119 de la Constitución Nacional; léase traición a la patria. Las preguntas que nos llevaron a realizar esta investigación surgieron a raíz del mencionado artículo; estas fueron las siguientes: “Por qué nunca fue modificado el art.69?, Acaso fue la pena de muerte abolida en forma absoluta e irrefutable?, Que relación tiene el art.18 con los arts.19, 69 y 119?”. A pesar que el art. 69 tuvo su propia reglamentación de fondo en la ley 21.338, art.80 bis –vigente entre 1976 y 1983- es innegable que dicha ley murió y el artículo sobrevivió tal cual su carácter originario. Debido a ello, se impone el armonizar lo que se ha querido, o no, lograr con su mantenimiento incólume dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para ello creemos conveniente analizar la interrelación, aún vigente- según nuestro humilde criterio- entre los arts.18,19,69 y 119 de nuestra máxima expresión legislativa.

ES DECIR QUE NO SE APLIQUE ES OTRA COSA TOTALMENTE DIFERENTE!

PERO COMO BIEN DICE EN CASO DE GUERRA o CONMOCION INTERNA SE UTILIZA EL CODIGO MILITAR YA QUE LAS GARANTIAS CONSITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS NO PUEDEN SER GARANTIZADAS

Editado por El Gran Forro: 08.05.06 a las 19:24 Razón: DoblePost Unido
Viejo El Gran Forro dijo: 08.05.06
Delitos comunes y delitos graves: según lo expuesto , sustentamos la posición que faculta la aplicación de la pena capital, en base a dos teorías. La primera es aquella que gobernó desde el año 1853 hasta el año 1886 (sanción del Código Penal). Durante el transcurso de treinta y tres años, nuestra legislación –carente de legislación de fondo y de enjuiciamiento en lo Penal- se valió de la C.N.A como medio legítimo para proceder a la ejecución de la pena cruel; legítimo tanto para delitos comunes como para delitos políticos (v. Art.18: “...por causas políticas...”). Por qué no habría de ser posible entonces su aplicación en estos tiempos si el art.18 jamás ha sido reformado?. No fue este uno de los caminos que se trató de utilizarse debido a las reiteradas violaciones seguidas de muertes y al tráfico en gran escala de estupefacientes?. Tanto la violación seguida de muerte como el tráfico de estupefacientes, son los delitos que el Pacto de San José denomina “graves”. Según el mismo, son estos los delitos en los que está permitido la aplicación de la pena máxima. El art. 18 sirve, de este modo, como una puerta entreabierta para aquellos que son hábiles a la hora de engendrar nuevos rudimentos jurídicos, el mismo es un artículo que deja la duda al arbitrio del poder de turno. La deja desde hace ya ciento cuarenta y seis años. Ni, en la actualidad, el Pacto de San José puede socavar esta teoría que se genera en base a la omisión o no con que cuenta el art.18. Recordemos que los tratados “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art.75[16] inc 22 C.N.A). Por último la renuncia al Pacto- ya transcurridos los cinco años desde su ratificación- siempre es posible (v. Párrafo 1. art 75 inc 22). Es esta la primera teoría que sometemos a juicio de nuestros legisladores, aquella que permite la aplicación de la pena ingrata, ya sea con denuncia o sin ella, del Pacto de San José, esto último por interpretación analógica del sistema legal imperante entre los años 1853 y 1886, y sin olvidar la preponderancia del derecho interno sobre el derecho internacional como medio de adecuación a los tiempos que corren (dualismo).
La segunda es la que denominamos “teoría de la reserva legal implícita”. La misma sólo es aplicable en caso de delitos políticos, pero a diferencia de la primera, cuenta con la garantía que le brinda el art.119 de nuestra C.N.A. Dicho artículo permite al Congreso fijar ley especial –léase de fondo o de enjuiciamiento- en caso de delito de Traición; o sea en caso de delito político. Esta reserva legal que ha hecho nuestro país, con anterioridad a la firma del mencionado pacto, permite soslayar leyes de fondo como de enjuiciamiento, por lo que no sería menester renunciar a nada por ser el pacto complementario de nuestro derecho interno[17]. Aun teniendo en cuenta que el Pacto de San José prohibe la pena de muerte por delitos políticos: ”No es acaso la traición un delito de los denominados graves por la mismísima Convención?, se puede objetar el categorizar al delito de traición a la patria como uno de los más graves con que cuenta nuestra legislación”?. Sin dudar en nuestro criterio, la traición al tener como máximo damnificado al Estado – con todos los bienes que lo constituyen y conforman su patrimonio -, es una gran manifestación de delictuosidad, ya que sus efectos no sólo actúan en desmedro de nuestras instituciones a nivel internacional sino que atentan contra la soberanía que el pueblo ha delegado en sus representantes, con el fin inmediato de que éstos se desempeñen con intachable conducta y en resguardo del bien común público. Cabe el destacar que las más altas traiciones, según se puede rememorar en base a la historia escrita, han sido cometidas, en la mayoría de los casos, por funcionarios con competencia en la dirección de un Estado de derecho. Consecuentemente, consideramos al art. 69 - de la Constitución Nacional - el fundamento jurídico que actúa, como principal y esencial engranaje, para poner en funcionamiento la teoría de la reserva legal implícita (ver acápite IV).

Fiscal pide castigar la sedición

El fiscal de Ejecución Penal de la ciudad de La Plata, Marcelo Romero, reclamó ayer a los funcionarios judiciales de todo el país que, de registrarse eventuales saqueos en los próximos días, tengan "los testículos necesarios" como para procesar "a la cantidad de personas que sea necesario" por el delito de "sedición".
"Si personas organizan y comandan saqueos a la propiedad privada amparándose en el hambre del pueblo, cometen delito de sedición y deben ser procesados por ese delito", aseveró Romero, al referirse a la posibilidad de que se produzcan eventuales saqueos al cumplirse un año de los hechos que derivaron en la caída del gobierno aliancista. El fiscal remarcó que esos ilícitos están comprendidos entre los delitos previstos por la figura penal de sedición, analizada en los artículos 229 y subsiguientes del Código Penal.
"Si se produjera este tipo de actos espero que los jueces y fiscales de este país tengamos los testículos necesarios como para procesar a la cantidad de personas que sea necesario, en especial a los ideólogos", precisó el fiscal.
Romero afirmó que los integrantes de la Justicia no pueden "mirar hacia el costado, argumentando que no se puede criminalizar la pobreza". (Télam)


http://www.rionegro.com.ar/arch200212/p10g04.html


Una dolorosa verdad, con memoria y sin rencores


El conocido tratadista del derecho penal Florencio Varela, ha escrito esta nota, que como bien lo dice su título, es una dolorosa verdad. Varela, actual defensor de los prisioneros de guerra, expresa lo siguiente:

El presidente de la Nación, con motivo de la graduación de los oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar, expresó: "Con memoria, pero sin rencores, se debe obtener justicia. Como ciudadanos, tenemos el deber y el derecho de conocer los hechos de nuestra historia reciente, que deben servirnos para aprender de ellos y para no repetirlos. Como Estado, hallar la verdad es nuestra obligación legal y ética, pero no se trata de impulsar una verdad a medias ni sesgada por perspectivas parciales, porque eso no sería la verdad. Se trata de analizar un pasado doloroso con memoria y justicia".
La experiencia recogida a lo largo de varios años como abogado civil de numerosos militares me ha permitido acceder al conocimiento de hechos y circunstancias que despiertan mi obligación ciudadana de transmitirlos como contribución a la verdad reclamada por el presidente.
El gobierno constitucional, al declarar ilegal al ERP, en el decreto 1.454 del 25/9/73, sostuvo que "había desatado contra el gobierno, sus autoridades y diversas instituciones una campaña de amenazas, difamación y actos concretos de violencia, en abierto desprecio de los valores más sagrados, cuales son las vidas humanas y los derechos de las personas, a las que no vacilan en sacrificar, haciendo juego a las más violentas corrientes reaccionarias".
El 22 de enero de 1974, el presidente Perón, a raíz del ataque terrorista en la guarnición del Ejército de Azul, dijo: "El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios es el pueblo argentino, y para ello llevan a cabo una agresión integral. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno, para bien de la República". El día 31 siguiente agregó: "Primero vamos a reconstruir al país y luego lo vamos a liberar. Los que se oponen a esta reconstrucción son quienes quieren el caos y la destrucción y no constituyen solamente un problema político. El ERP tiene un 50% en la clandestinidad saqueando, secuestrando y el otro 50% dentro nuestro, disfrazado con la camiseta peronista en el entrismo. Los diputados que se fueron, los de la Tendencia Revolucionaria, hicieron bien en renunciar porque no estaban de acuerdo con la ley que castiga a los delincuentes".
En relación a los montoneros, en el decreto 2.452 del 12 de noviembre de 1975, el Poder Ejecutivo afirmó: "El país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino. Que tal internacionalización dificulta en gran medida la total represión del terrorismo y el proceso de pacificación argentino, lo que exige extremar las medidas tendientes a este objetivo. Que aquella actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición".
En el año 1975, el Estado Argentino ordenó a las Fuerzas Armadas, a través de su gobierno constitucional, entrar en guerra contra el terrorismo que asolaba al país. A tal fin, tomó una serie de medidas que culminaron con la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, que constituyó la base para la organización de las operaciones y la coordinación entre las tres Fuerzas Armadas y las de Seguridad. El gobierno de facto nacido el 24 de marzo de 1976 continuó sin modificación alguna lo iniciado por el gobierno constitucional.
Las Fuerzas Armadas aplicaron los reglamentos militares vigentes para la guerra revolucionaria, en virtud de los cuales fueron formados sus cuadros a partir de la década de los años 60. Los más importantes fueron el RC-5-1 "Operaciones sicológicas", del 8 de noviembre de 1968; RC-8-3, reservado, "Operaciones contra la subversión urbana" del 29 de julio de 1969; RV 117-1, "Terminología de uso en las fuerzas terrestres" del 5 de diciembre de 1968; 5 RC-8-2, "Operaciones contra fuerzas irregulares - Tomos I, II y III" del 20 de septiembre de 1968; RV-150-10, "Instrucción de lucha contra las guerrillas" del 5 de septiembre de 1969; RC- 9-1, "Operaciones contra elementos subversivos (proyecto)" del 18 de agosto de 1975; RC-9-1, "Operaciones contra elementos subversivos" del 17 de diciembre de 1976 y el ROP -30-5, "Prisioneros de guerra del 26 de agosto de 1969; RC 3-50, reglamento de personal del 4 de enero de 1965.
Los efectivos militares actuaron en base a órdenes expresas. Las operaciones fueron documentadas, habiendo constituido ello la base para la producción de los informes semanales ordenados en el art. 11 de la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa. En esos partes quedó constancia por escrito del proceder de los participantes en cada acción. Nadie actuó por su cuenta. Todos los cuadros de las FFAA y de Seguridad actuaron cumpliendo órdenes, siguiendo la cadena de mandos, a cuya cabeza estuvieron inicialmente la presidente de la Nación, hasta el 24 de marzo de 1976, y a partir de esa fecha los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.
El desempeño de los efectivos de las FF.AA. y de Seguridad en las acciones de guerra estuvo bajo el control directo de sus superiores inmediatos y, cuando se apartaron de las normas que debían observar, fueron sancionadas, quedando constancia de ello en los respectivos legajos personales. La ausencia de sanciones constituye la prueba documental oficial de que el proceder fue conforme a la ley.
Los terroristas capturados fueron alojados en lugares de detención expresamente previstos en los reglamentos militares, por ende no clandestinos, donde inicialmente fueron interrogados por los efectivos de inteligencia conforme a los procedimientos autorizados en ellos. Conforme a la legislación vigente, los terroristas no fueron reconocidos como prisioneros de guerra (RC-8-3, "Operaciones contra la subversión urbana").
Los antecedentes obtenidos de cada prisionero eran elevados al Estado Mayor respectivo, donde, luego de analizados, existieron tres opciones: la libertad, si no había pruebas, la puesta a disposición del Poder Ejecutivo si los elementos reunidos eran insuficientes no obstante la sospecha existente, o el sometimiento a un procedimiento sumario por el cual, si se acreditaba su condición de terrorista, se lo condenaba a ser ejecutado. No hubo desaparecidos, sino terroristas ejecutados por ser tenidos como tales.
El proceder en la guerra contra el terrorismo fue regulado por el Código de Justicia Militar y los reglamentos específicos, observándose estrictamente el principio de obediencia que impone la responsabilidad exclusivamente en quien imparte la orden, privando a quien la cumple del derecho de inspección de ella.
Nadie fue combatido por su ideología, religión, raza, profesión o actividad. Entre los terroristas mimetizados en la población como pacíficos ciudadanos hubo universitarios, religiosos, obreros, periodistas, sindicalistas, políticos, etc. que, cuando fueron ejecutados, fue exclusivamente por su condición de terroristas.
Las Fuerzas de Seguridad actuaron bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas, por lo cual carecieron de toda capacidad de decisión en las acciones de guerra, en las cuales sólo se limitaron cumplir las órdenes que recibieron de las autoridades militares.
Los militares y agentes de seguridad actuaron en la guerra contra el terrorismo conforme a derecho, dado que cumplieron órdenes previstas en los reglamentos militares, en virtud de los cuales fueron formados e instruidos por el propio Estado Argentino para combatir en la guerra revolucionaria.
A más de veinte años de concluida la guerra, los procesos contra los militares son llevados por jueces que no son los naturales, toda vez que, por el art. 10 de la ley 23.049, fueron las Cámaras Federales las que asumieron su conocimiento en función de su art. 445 bis, con lo cual, superada la competencia de la Justicia Militar, sólo podían ser continuados ante ellas y no ante jueces diferentes de los previstos para juzgar a militares por hechos cometidos con anterioridad a la sanción de dicha ley. El Código Procesal Penal de la Nación no sustituyó el Código de Justicia Militar en su versión conforme a la ley 23.049 y en su art. 18 excluyó a la jurisdicción militar. No existe norma legal alguna que haya reemplazado al Código de Justicia Militar por el Código Procesal Penal de la Nación o que atribuya competencia a los jueces federales de Primera Instancia, circunstancias que tornan nulo lo actuado por ellos, por no ser los jueces naturales.
El desconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la primacía de la Constitución Nacional sobre cualquier otra norma jurídica, de las garantías constitucionales de la exigencia de una ley anterior a los hechos para juzgar penalmente, de la cosa juzgada y el haber reconocido a la costumbre como fuente del derecho penal, como la protección brindada arbitrariamente a los terroristas combatidos ayer por las Fuerzas Armadas, constituye un motivo de grave preocupación, pues ello, además de poner de hecho en evidencia la desaparición del Estado de Derecho, implica una incitación a la violencia ante las claudicaciones de la ley y de la justicia.
He tratado de que la verdad respecto a cómo se combatió en la guerra contra el terrorismo fuera públicamente reconocida por quienes condujeron a las Fuerzas Armadas durante el conflicto y, después de él, hasta nuestros días. Fracasé en el intento, pues, salvo la honrosa excepción de un general con responsabilidades equivalentes a las de un comandante de Cuerpo de Ejército, se persiste en la estrategia de la negación y el silencio, cuyas consecuencias están soportando hoy quienes, en los años de la guerra, eran jóvenes oficiales que, como correspondía, sin dudar y convencidos por su formación, cumplieron las órdenes de sus superiores, que hoy siguen negando reconocer en su contenido. Quienes combatieron no han sido delincuentes, circunstancia que no implica negar que, como en toda guerra, hubo militares que delinquieron, traicionando su condición de tales.
Esta contribución a la verdad reclamada por el presidente, que me ha resultado muy pesada y dolorosa, la siento como una obligación para servir a la ciudadanía y, en especial, para los militares que combatieron al terrorismo y que no fueron delincuentes, sino patrióticos y responsables soldados.


Si queres la fuente...Prensa Confidencial....o el diario de los Servicios como prefieras decirle....

Soy un Facho ahora....

Si el del gatito

ESO SI LEELO TODO Y RECIEN DSPUES CONTESTAME

Editado por El Gran Forro: 08.05.06 a las 19:39 Razón: DoblePost Unido
Viejo AliceInChains dijo: 08.05.06
Originalmente publicado por jod43

Me gustaria ver ahora a quienes les da asco y quienes se horrorizan con la censura.

Digo, a mi me sigue dando asco lo mismo de ayer. Para que no quede duda. Ni más ni menos.
Viejo Fragilinvencible dijo: 08.05.06
Originalmente publicado por jod43
No, no lo saque de ese sitio, lo saque de 2 mails separados que me enviaron 2 amigos.

Lo notable es que te preocupo la fuente y no la censura en si misma.

Si el libro censurado hubiera sido El Vuelo, seguro estarias vociferando como un marrano en contra de los militares censores.
Estoy en contra de la censura como tambien estoy en contra de pensar que lo que hizo el proceso de reorganizacion nacional fue una guerra.
No estoy a favor de ningun tipo de violencia.
Pero lo del 24 de marzo de 1976 fue un genocidio aberrante e intolerable, cuyas consecuencias son aun palpables, son heridas abiertas: desde las abuelas que no encuentran a sus nietos al plan economico que borro la industria nacional y endeudo al pais.
Viejo dr.evil dijo: 08.05.06
La intepretacion que haces no es de la constitucion, pactos preexistentes, te pedi un articulo de la constitucion que avale directamente la pena de muerte en caso de sedesion, la pena de muerte obviamente estaba prevista en el pais, pero antes del 75 se habia cancelado (lo de los senadores no existe mas)

DE NUEVO; CODIGO MILITAR ES PARA LOS MILITAREES, te explico, codigo civil, para las relaciones civiles, codigo comercial, para relaciones comeraciales, codigo penal, para los delitos, codigo militar? solo para militares!


Los decretos no pueden tratar sobre materias penal, entonces son incostitucionales

La pena de muerte estaba derrogada antes del 76, no hay justifiacion juridica para los actos de los desparecidos, no busques, no existe

Los decretos de nuevo, no pueden tratar sobre materia penal , esos decretos que nombras sos contra la constitucion, yo no te hablo de codigos ni demas, te hablo de constitucion que es la norma suprema, aparte suponiendo que haya pena de muerte, SUPONGAMOS, por que esto no es asi, salvo para los militares, eso es un caso especial
PERO CON IMAGINACION; SUPONGAMOS QUE HAY ESTADO DE SITIO, EL PODER EJECUTIVO EN ESTADO DE SITIO NO PUEDE DICTAR PENAS SOLO PUEDE TRANSALADAR GENTE

No se pueden sacar las garantias constitucionales en toda la nacion, es ridiculo, dos el estado de sitio debe ser impuesto por el senado, si el senado es cerrado...

Chanon es asi, discutime que es injusto, discutime que no deberia ser asi, pero no hay nada que justifique legalmente
Que la gente sea condenada sin juicio previo, que la gente no tenga defensa en juicio, que las instituciones sean tomadas por facciones armadas, sean militares o paramilitares, que el senado sea cerrado y demas,

de nuevo, decretos sobre materia penal? son inconstitucionales no podes deicrlo como norma legitima, la ley puede ser ilegitima si esta en contra de la constitucion expresa, contra su espiritu o contra los derechos no ennumerados que ella proteje, como es el derecho a la vida

De nuevo, mientras tengamos la constitucion que tenemos ahora o en 1975, todo lo que hicieron los militares es ilegitimo, y por ultimo, si no lo dije, los militares no pueden gobernar, ni legislar, ni son jueces, no pueden tomar el poder, al hacer eso, los que estarian traicionando a la patria son ellos, asi que en todo caso, los que deberian haber sido penados con la pena de muerte, ya que el codigo militar era el unico en el momento y lo sigue siendo ahora que permite la pena de muerte

Las normas y penas del codigo militar, en cualquier estado de sitio o lo que sea, solo se aplica a militares
Viejo AliceInChains dijo: 08.05.06
Originalmente publicado por jod43
No, no lo saque de ese sitio, lo saque de 2 mails separados que me enviaron 2 amigos.

Lo notable es que te preocupo la fuente y no la censura en si misma.

Si el libro censurado hubiera sido El Vuelo, seguro estarias vociferando como un marrano en contra de los militares censores.
Si así fuera, lo de vociferar, será porque lo que relata ese libro es un hecho que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Algo más aberrante no hay. Y los otros libros sean quizás, y lo digo sin conocerlos, apología de ese terrorismo de estado, aquello que es lo más aberrante que puede darse en una sociedad. Insisto no hay nada más aberrante que el terror provocado por aquel que tiene que velar por tus derechos. Lo que hagan otros, por más aberrante que sea, nunca se puede comparar o merece ubicarse en la misma bolsa. Y creo que de eso es de lo que estuvimos hablando.
Jod43: ¿los medios de izquierda a los que te referiste son aquellos cuyos dueños son Telefónica, Herrera de Noble, Los Mitre, Hadad? ¿O lo ejemplican los programas de Neustadt y Grondona de los 80 (que escuché casi sin solución de continuidad siendo pequeña), o los programas que había en canal 2 que eran directamente de la Side en los 90 (creo que uno lo conducía un tal Acuña, no recuerdo bien)? Porque que yo sepa los medios masivos son esos...
Por otra parte pareciera que aca todos somos "de izquierda" sin haber tenido ningún gobierno de izquierda. Entonces será que todos los historiadores son de izquierda y tienen la hegemonía del relato de la historia; que cosa rara, ¿no?

Editado por AliceInChains: 09.05.06 a las 00:52
Viejo El Gran Forro dijo: 08.05.06
Originalmente publicado por chimbo
La intepretacion que haces no es de la constitucion, pactos preexistentes, te pedi un articulo de la constitucion que avale directamente la pena de muerte en caso de sedesion, la pena de muerte obviamente estaba prevista en el pais, pero antes del 75 se habia cancelado (lo de los senadores no existe mas)

DE NUEVO; CODIGO MILITAR ES PARA LOS MILITAREES, te explico, codigo civil, para las relaciones civiles, codigo comercial, para relaciones comeraciales, codigo penal, para los delitos, codigo militar? solo para militares!


Los decretos no pueden tratar sobre materias penal, entonces son incostitucionales

La pena de muerte estaba derrogada antes del 76, no hay justifiacion juridica para los actos de los desparecidos, no busques, no existe

Los decretos de nuevo, no pueden tratar sobre materia penal , esos decretos que nombras sos contra la constitucion, yo no te hablo de codigos ni demas, te hablo de constitucion que es la norma suprema, aparte suponiendo que haya pena de muerte, SUPONGAMOS, por que esto no es asi, salvo para los militares, eso es un caso especial
PERO CON IMAGINACION; SUPONGAMOS QUE HAY ESTADO DE SITIO, EL PODER EJECUTIVO EN ESTADO DE SITIO NO PUEDE DICTAR PENAS SOLO PUEDE TRANSALADAR GENTE

No se pueden sacar las garantias constitucionales en toda la nacion, es ridiculo, dos el estado de sitio debe ser impuesto por el senado, si el senado es cerrado...

Chanon es asi, discutime que es injusto, discutime que no deberia ser asi, pero no hay nada que justifique legalmente
Que la gente sea condenada sin juicio previo, que la gente no tenga defensa en juicio, que las instituciones sean tomadas por facciones armadas, sean militares o paramilitares, que el senado sea cerrado y demas,

de nuevo, decretos sobre materia penal? son inconstitucionales no podes deicrlo como norma legitima, la ley puede ser ilegitima si esta en contra de la constitucion expresa, contra su espiritu o contra los derechos no ennumerados que ella proteje, como es el derecho a la vida

De nuevo, mientras tengamos la constitucion que tenemos ahora o en 1975, todo lo que hicieron los militares es ilegitimo, y por ultimo, si no lo dije, los militares no pueden gobernar, ni legislar, ni son jueces, no pueden tomar el poder, al hacer eso, los que estarian traicionando a la patria son ellos, asi que en todo caso, los que deberian haber sido penados con la pena de muerte, ya que el codigo militar era el unico en el momento y lo sigue siendo ahora que permite la pena de muerte

Las normas y penas del codigo militar, en cualquier estado de sitio o lo que sea, solo se aplica a militares

VOS LEISTE LO QUE PUSE AHI??? TODO ENTERO?

NO LO HICISTE LEE Y VOLVE A CONTESTAR
Viejo dr.evil dijo: 08.05.06
codigo militar
Artículo 1° – La jurisdicción militar, establecida por el artículo 29 de la Constitución Nacional, se ejerce por los tribunales y autoridades militares que este código determina.
autoridades militares, para militares, entedes? no civiles, solo militares, repite

Pero te supuse el caso de que que tubieras razon, te digo supongamos que hay pena de muerte, sisi, hay pena de muerte legal en el codigo Penal, te doy ese beneficio, supongamos que hay pena de muerte y que legalmetne podria ser aplicada

Los militares al tomar los organos de poder cometen delito de sedecion, por que no es su funcion gobernar, al cerrar el congreso violan principios de la republica, tomar el ejecutivo es traicionar a la patria,

dos, los militares mataron sin jusgar, violando el derecho de defensa en juicio, derecho a mostrar prueba y demas garantias penales y constitucinales

entonces aun SI LA PENA DE MUERTE FUERA; si hubiera habido pena de muerte, igual la accion de los militare seria ilegitima, no otra opcion

de nuevo la constitucion puede no ser perffecta, para mi que los jueces de la suprema corte tengan que ser reconfirmados cada 5 años luego de los 75 abusa la indepencia del poder judicial, creo que deberian ser reconfirmados si muestran sintomas que impidan ejercer el cargo

Editado por dr.evil: 08.05.06 a las 22:17
Viejo PoLy dijo: 09.05.06
Originalmente publicado por AliceInChains
Digo, a mi me sigue dando asco lo mismo de ayer. Para que no quede duda. Ni más ni menos.
¿Vos te vas o te quedás? ¿En qué quedamos?

¿Te retiraste asqueada y ahora volvés a acotar sin contestar nada de lo que te preguntaron antes?

Sos terriblemente maleducada, no se te cae un argumento o sos lo que en el léxico informático se conoce como troll.

Troll
- es una persona que escribe mensajes groseros u ofensivos en Internet, por ejemplo en foros, para interrumpir la discusión o enfadar a sus participantes. La palabra también se usa para describir dichos mensajes.

Fuente Wikipedia, el link [ acá ]

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